Thursday, November 23, 2006

Particularismo político

Para cosas tan simples como escoger que comemos el domingo en familia tenemos siempre dos formas de hacerlo: o una sola persona decide por todos y los demás aceptan o protestan, o por el contrario cada uno pide lo suyo y quien cocine tendrá que tener la habilidad de Gastón Acurio para hacer múltiples platos en una misma mañana. Esto que suena a broma es lo que hacemos a nivel del gobierno central y regional. Una opción para gobernar es hacerlo descentralizadamente donde son varias las autoridades quienes deciden que es lo mejor que se puede hacer con un determinado presupuesto, o el gobierno central decide por los demás. Cada una de las formas tiene elementos positivos y negativos.

Para empezar una decisión centralizada puede ser más eficiente pues podrá tomar en cuenta mucho más información que si varias cabezas estuvieran decidiendo cada uno por su cuenta con información limitada a su entorno local. Asimismo, podría ser más económica porque los costos de una decisión para varias zonas del país se hacen pagando una sola vez, en lugar de hacer una serie de estudios individuales que pueden terminar sumando una cifra mucho mayor. Otro beneficio es que puede llevar a decisiones más coherentes. Por ejemplo, si voy a fomentar el desarrollo de la sierra exportadora más vale que la región colindante invierta en la infraestructura necesaria para que dicho desarrollo sea posible.

No obstante todo lo anterior las decisiones centralizadas también están llenas de potenciales problemas. En primer término son potencialmente poco democráticas pues las decisiones podrían no tener nada que ver con las preferencias locales. El gobierno central podría preferir que los recursos de determinada región se utilicen en mejorar la carretera que la atraviesa mientras localmente se prefiere que dichos recursos vayan a establecer un mejor sistema de postas de salud. Como los recursos son siempre escasos necesariamente se tendrá que optar.

En segundo lugar, las decisiones pueden estar teñidas de un manejo politizado. Se puede querer premiar con mayores recursos a las zonas que si votaron por el gobierno o castigar ya sea con menores recursos a aquellas localidades donde sus votos fueron más escasos. Claramente esto no tiene nada de eficiente o coherente. Finalmente, el contexto local muchas veces es un ingrediente esencial en una decisión acertada. Por poner un ejemplo, currículos educativos que no se moldean a las particularidades de las comunidades a las cuales van dirigidos pueden resultar en iniciativas poco eficaces.

En el Perú hemos optado desde hace unos años reiniciar el proceso de descentralización y la semana pasada hemos votado para renovar a los presidentes regionales. Los resultados muestran que los partidos nacionales tienen más de partidos que de nacionales. Su presencia en el escenario regional es muy limitado. El APRA tiene 4 presidentes regionales, UPP uno solo, Unidad Nacional ninguno. Y entre esos tres partidos controlan 97 de 120 escaños en el Congreso. Y nadie quiere admitir la derrota, patético, ¿no?

El riesgo de estos resultados está en que se puede caer en lo que se llama particularismo que no es otra cosa que en lugar de preocuparse de atender grandes prioridades nacionales el gobierno central se ve obligado a resolver pequeños conflictos locales. Los estudios muestran que niveles intermedios de particularismo están asociados a mejor calidad de instituciones y por lo tanto a mayor nivel de desarrollo. La pregunta del millón es si la derrota de los partidos nacionales nos lleva a demasiado particularismo y por lo tanto a menor desarrollo. Mi apuesta es que así es. Ojalá me equivoque.

Publicado en El Comercio, Noviembre 23, 2006

Monday, November 20, 2006

El Directorio del BCRP

Empecemos por una premisa básica: el directorio del BCRP no es un club de políticos jubilados. El hecho que los partidos políticos representados en el Congreso escojan a tres de sus siete miembros no es para darle “empleo” a sus miembros que peinan más canas. La razón de ser que el Congreso tenga esta responsabilidad es por la simple razón que estamos en una democracia y los ciudadanos delegamos en nuestros representantes algunas decisiones. En particular, lo único que los ciudadanos le pedimos al Banco Central y que así está estipulado en su Carta Orgánica es la defensa de la estabilidad monetaria. Así de sencillo.

El problema es obviamente cómo escoger. Algunos quisieran que se exija que sólo vayan personas con amplios estudios de economía y finanzas, otros quisieran que fueran académicos de prestigio, otros podrían sugerir que vayan personas vinculadas a la banca. Finalmente, otros podrían exigir que los candidatos hayan administrado una empresa para que tengan los pies en la tierra a la hora de decidir sus políticas. Al igual que en la elección de los congresistas no podemos poner requisitos porque sería anti-democrático. Obviamente que los ciudadanos confiamos en que los miembros del Congreso de la República entenderán la importancia de esta elección y no tomen el tema como mi hijo menor hacía cuando juntaba el álbum del mundial: “yo te doy esta figurita y tu me das esta otra”.

Los miembros del Congreso deben reflexionar sobre cual es el rol del Banco Central antes de completar su directorio. A mi juicio son dos las principales responsabilidades. Para empezar el Banco Central debe ser el garante de la estabilidad monetaria. En segundo lugar, son una voz calificada e independiente que debe señalar con claridad los potenciales problemas que las acciones del Ejecutivo o del Legislativo puedan provocar en el buen funcionamiento de la economía. Por esta última razón me parece que la decisión del Ministro Carranza de evitar que miembros del Ejecutivo sean parte del directorio es saludable. Recuerden que el BCRP debe emitir una opinión sobre el Marco Macroeconómico Multianual que prepara el MEF. Antes era impensable esperar una opinión independiente si el propio viceministro de Hacienda era parte del directorio. ¿Acaso podría opinar que la política fiscal dejaba mucho que desear? Por eso la gran mayoría de los países en el mundo han ido tratando de hacer más independientes a sus bancos centrales. La lucha contra la inflación que antes era un flagelo característico de América Latina se empezó a derrotar cuando los bancos centrales se volvieron independientes del Ejecutivo.

En plan de sugerir cosas concretas de repente valdría la pena que los congresistas entren a las páginas web de los bancos centrales de la región con mayor prestigio y constaten que una amplia mayoría de los directores son destacados economistas con doctorados en las más prestigiosas universidades del mundo y no políticos muy distinguidos pero que difícilmente podrán aportar en medio de una crisis financiera internacional o de una corrida bancaria local. Hoy el debate en los directorios de los bancos centrales es mucho más técnico y complejo que el de hace 10 años. Habría que pensar que si uno tuviese bajo su responsabilidad escoger este verano quien va a ser el salvavidas de la playa en la que se van a bañar sus hijos probablemente optaría por el mejor nadador, o por lo menos pensaría dos veces en escoger al barrigón en bermudas sólo porque es amigo del dueño del club.

Publciado en El Comercio, Noviembre 16, 2006

Thursday, November 09, 2006

Transparencia si, control no

La semana pasada decidí no sumarme a las editoriales que rechazaban el proyecto de fiscalización a las ONG porque ingenuamente pensé que los congresistas de todas las tiendas entrarían en razón y abandonarían la idea. Pero no ha sido así. Por el contrario, han surgido más voces defendiendo la idea que las ONG deben ser no sólo obligadas a registrarse ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sino que además deben estar sujetas a que la APCI les de el visto bueno para seguir operando siempre y cuando sus proyectos estén “en armonía” (es decir, ¿alineados disciplinadamente?) con lo que el gobierno de turno tenga como objetivos para la cooperación internacional.

El gobierno y algunos legisladores de la oposición confunden el rol del Estado en exigir que estas asociaciones privadas informen sobre las fuentes de su financiamiento y el destino de dichos fondos. Según este grupo, de esta manera se podrá saber si esta parte del sector privado no está haciendo cosas en contradicción con los objetivos del gobierno. ¡Qué frescura! Si alguno de nosotros quiere poner su ONG dedicada a ir en contra de la política del gobierno utilizando el espacio que la Constitución nos confiere a los ciudadanos para expresarnos con libertad, ¿el gobierno de turno debería censurarnos? ¿Acaso tiene sentido creer que el gobierno de turno conoce cuales son las verdaderas prioridades que necesitan ser atendidas en el país? Por ejemplo, ¿todos debemos preferir los árboles a las minas, o viceversa?

El gobierno debería confiar en el más cruel de los árbitros: el mercado. Por un lado, si alguna ONG hace mal uso de los fondos que alguna entidad cooperante le ofrece lo más probable es que saldrá del mercado pues no le renovarán su confianza. Y si es que hay alguna fuente de cooperación internacional que alivia sus penas enviando dinero a esta ONG será su problema si es que quiere desperdiciar sus fondos. El Estado no puede sancionar a esa ONG por destinar los fondos a usos que a algún funcionario del Estado le parece que está mal. ¿En dónde queda la libertad de contratación?

Por otro lado, si es que alguna ONG tiene la capacidad financiera incondicional y se embarca en un ataque frontal en algún tema específico no será otra cosa que un lobbista más en dicho tema. En esa condición podrán surgir otras ONG que hagan contrapeso a sus posiciones “extremas” o su propia postura extrema hará que el mercado valore poco su palabra porque se sabrá que sus argumentos son más bien ideológicos y no fundamentados. Por último, el Estado podrá utilizar sus recursos para mostrarle a la ciudadanía como los argumentos de dicha ONG son errados o no son convenientes para el país. ¡No puede ser que la herramienta del Estado sea cerrar la ONG!

Sería genial que la APCI informara cuantas ONG cierran. Así como es muy ilustrativo saber que tipo de empresas cierran, sería igual de interesante conocer porqué algunas ONG no tienen más remedio que cerrar sus puertas y salir del mercado.

¿Por qué los congresistas no empiezan pidiendo información a los gobiernos regionales y municipales sobre las usos que les dan a los fondos públicos que reciben? Ahí si hay necesidad de armonizar, fiscalizar y vigilar. El que se construyan monumentos al dinosaurio no está en “armonía” con las necesidades de la población. Si algún privado quiere hacerlo con su plata y en su jardín, a lo más sentiremos lástima por sus vecinos pero está en su derecho. El gobierno debe entender que sólo puede controlar los fondos públicos. No dejemos pasar una ley así.

Publicado en El Comercio, Noviembre 9, 2006

Thursday, November 02, 2006

Audacia y Liderazgo

Me pareció excelente escuchar al Presidente García señalar que en el fracasado intento de llegar a una Ley General de Trabajo lo que había faltado era la voz de los que hoy no tienen voz: los trabajadores que no son formales ni sindicalizados. Es imposible pretender que el Consejo Nacional de Trabajo represente a todos. Los líderes sindicales tienen una visión cortoplacista y no terminan de entender que la actual legislación laboral los lleva inexorablemente a ser un club con cada vez menos socios y por lo tanto con cada vez menos importancia económica y política. Es prácticamente inútil pretender que se pueda formar una asociación de subempleados y por lo tanto le corresponde al Estado -al gobierno de turno- llevar la voz de quienes no están invitados a esa mesa de concertación de políticas.

Sin embargo, todavía algunos creen que el país reducirá sus niveles de informalidad con tasas de crecimiento altas y sostenidas. Claro que eso ayuda pero hace falta audacia y liderazgo de quienes hoy tienen el control de las iniciativas legislativas. Muchos dicen que nada de esto es políticamente posible. ¿Cómo el APRA de Negreiros va a ir en contra de los intereses de los sindicatos? La opción es seguir sin intentar cambio alguno, dejando en el camino no miles sino millones de trabajadores y sus familias sin acceder a mejores condiciones de trabajo, a poder sentir que con su trabajo se han ganado el derecho de pasar unos días de vacaciones.

Como señalé hace unos días en la primera reunión del MEF con los empresarios para intercambiar ideas sobre como alcanzar un mejor marco tributario me parece que en el debate tributario se ha puesto en una errada posición. No podemos permitir que la discusión de exoneraciones sea vista como un intercambio de figuritas, le quito una a los pobres y una a los ricos. Para empezar y como bien ha salido ayer a puntualizar el MEF hay algunas exoneraciones como la del IGV a los créditos bancarios que jamás afectará a aquellos de mayores ingresos o a los dueños de los bancos. Muy por el contrario sólo afectarán a los que siendo de menores ingresos acceden a créditos de los bancos. Me parece excelente que se diga con absoluta claridad que esta exoneración tiene sentido económico y por lo tanto no está en discusión.

No obstante ello, creo que si falta de parte del MEF una posición mucho más firme con respecto a que lo que hace falta eliminar son aquellas exoneraciones que no tienen justificación económica de estar vigentes. Es más, muchas de estas exoneraciones generan que el Estado esté contribuyendo al negocio de algunos mafiosos, como es el evidente caso de los combustibles en la selva.

En el debate de la exoneración a las ganancias de capital en la bolsa también percibo que falta de audacia y liderazgo. En un interesante seminario organizado por Procapitales un experto chileno señaló que (1) no se puede ir contra la nueva realidad internacional donde la mayoría de países no gravan estas rentas si es que queremos ser parte del mercado mundial de capitales y, (2) lo que falta es que el impacto de dichas exoneraciones llegue a las empresas medianas y pequeñas. Es decir, falta que el MEF y los actores del mercado financiero discutan como atender a los excluidos de este mercado. Así como pasa en el mercado laboral, en el financiero hay una enorme mayoría de empresas peruanas medianas y pequeñas que no acceden a los beneficios de que nuestra economía esté integrada al mundo. Ese es el verdadero problema a resolver, no si podemos recaudar un poco más.


Publicado en El Comercio, Noviembre 2, 2006