La falsa solidaridad

Hasta hoy la campaña electoral sigue pareciéndose más a un concurso de belleza que a un concurso de talentos. A los candidatos se les revisa por el revés y por el derecho en su vida privada, se les pregunta por sus opciones individuales y muy poco por sus ideas políticas. Como en todo concurso de baile las parejas poco a poco se van agotando y se van quedando sin nuevos pasos para mostrar y entonces la discusión puede pasar a otros temas. Uno de los temas centrales que hasta ahora no es realmente abordado en la campaña es la reforma de los programas sociales a cargo del Estado.

La visión que se tiene al respecto es una donde el Estado “tiene” que intervenir para corregir profundas diferencias en educación, nutrición, salud, y cobertura previsional. Nadie discute que estas diferencias existen o que es imperativo buscar que la acción del Estado busque corregirlas. El centro del problema es cómo hacerlo. Pero quería reflexionar en esta nota sobre uno de los principios que fundamentan la acción social del Estado: el de la solidaridad.

Muchas veces se argumenta que la necesidad de la intervención del Estado se basa en el principio básico de la solidaridad. Se alega que el Estado no puede dejar de atender las demandas sociales. En la práctica eso es exactamente lo que hace todos los días. Un ejemplo reciente es cuando se pide que el Estado pague parte de las pensiones de los trabajadores que no logran generar un aporte suficiente para tener una pensión mínima. Nos olvidamos rápidamente que esos recursos provienen de los impuestos que usted y yo pagamos. Pero también salen del bolsillo de muchos contribuyentes que no recibirán nada de ese beneficio a pesar que muchos de ellos tienen menores ingresos que los que si recibirán el beneficio. ¿Uno puede hablar de solidaridad cuando también pagan los que menos tienen?

Podríamos utilizar el ejemplo de los subsidios a la educación universitaria pública. ¿Por qué alguien que a las justas logrará que sus hijos terminen secundaria en un colegio público debe ver que sus impuestos los destinen a financiarle la educación superior de otros de mayores ingresos en lugar de que ella reciba agua potable en su casa?

Sin duda que las razones que explican esas situaciones son políticas. Es muy difícil para cualquiera que esté a cargo del Estado quitar beneficios que venía otorgando. Pero hay que saber diferenciar que muchas veces el Estado no necesita usar su mano (y sus fondos) para atender esas necesidades. Lo que si hace falta es que sus políticas busquen que esas necesidades sean atendidas por quienes mejor lo pueden hacer. Si vemos los ejemplos (i.e. Tans, PetroPerú) que tenemos a la vista en la mayoría de los casos no es el Estado quien se lleva las palmas. Aunque sea políticamente incorrecto, al futuro presidente le corresponde reformar la acción del Estado en estos temas. No hacerlo es seguir excluyendo a quienes no logran hacer sentir su voz.

Publicado en El Comercio, Febrero 23, 2006

Desafiliación: Un engaña (no tan) muchachos

El Congreso ha prometido insistir en la ley que autoriza que los trabajadores que en su momento optaron libremente por una AFP retornen en cualquier momento al sistema nacional de pensiones. El Ejecutivo mientras tanto intenta limitar el momento de esta segunda decisión al instante en que el trabajador se jubila. Cuando hablo del tema de AFP siempre pido que piensen en el afiliado. Es decir, las normas a veces parecen buenas pero muchas veces sólo lo parecen. Esta es una de esas. El MEF ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que de aprobarse esta ley podrían desafiliarse un poco más de 200 mil afiliados con un costo más allá de los 2,700 millones de dólares. Creo que el MEF se equivoca en esto. No creo que la norma sea mala porque mucha gente se desafilie. La norma es mala porque ofrece algo que no existe: mejores pensiones en el SNP para todos los que se desafilien. Eso es más falso que un billete de dos soles.

Las mejores pensiones sólo serán para un grupo muy reducido de personas. Es más, inclusive ese grupo no ha empezado a hacer números sobre cuánto es lo que le costará desafiliarse. A todos los que están pensando en que esta es la ley que estaban esperando los invito a calcular cuanto les costará pasarse. Se darán cuenta que buena parte de su fondo está ahí porque las inversiones que las AFP hicieron han generado una buena rentabilidad. Se darán cuenta –en algunos casos- que no tienen la plata para pagar la desafiliación de una sola vez. ¿Los demás afiliados tenemos que pagar ese costo? O peor aún, seremos todos los peruanos quienes debamos pagar con nuestros impuestos ese costo. Lo lógico sería que cada uno baile con su pañuelo. Si se está aprobando esta ley en el nombre de la libertad individual, entonces que cada quien pague lo que debe. Eso de pedir plata ajena no es libertad, es abuso.

Insisto en que la solución al problema de diez o doce mil personas no puede ser dar un paso en el sentido contrario a completar la reforma previsional en el país. No tiene ningún sentido seguir manteniendo este diseño institucional donde el sistema privado y el sistema público de pensiones supuestamente compiten con reglas distintas. Es urgente replantear el debate para pensar en sistemas complementarios entre sí, donde el Estado busque (1) ampliar la cobertura previsional a una mayor proporción de la población, (2) mejorar el nivel de las pensiones de todos los trabajadores. Para ello, no se necesita dos sistemas trabajando uno peleando con el otro sino dos sistemas apoyándose entre sí, nutriéndose uno de las fortalezas del otro y viceversa.

Soluciones intermedias como la que planteará el Ejecutivo dejando libertad de elegir al momento de la jubilación sólo prolongarán un problema que no es de diez o doce mil trabajadores sino de millones que hoy no tienen pensión alguna. Lamentablemente el Congreso no la ve y el Ejecutivo parece más preocupado en poner el dedo en los huecos de un embalse ya bastante agujereado por la creatividad legislativa. Y los candidatos a la presidencia están más interesados en besar bebes o ensayar pasos de baile, que en proponer reformas que efectivamente mejoren el bienestar de los trabajadores. Tanto para los que hoy esperan tener una pensión como para los que no.

Publicado en El Comercio, Febrero 16, 2006