Asalto a la educación

Como profesor puedo entender que un alumno se resista a ser evaluado. Ellos tienen miedo a que se haga evidente que no han dedicado tiempo a aprender los temas que se discuten en clase. Pero que un profesor no quiera se evaluado eso si es algo que no puedo entender. Obviamente que es incómodo que alguien nos pida que uno como profesor demuestre que aun conoce de lo que enseña. En realidad, lo normal es que en cualquier empresa los trabajadores sean permanentemente evaluados. Para todo fin práctico nosotros los profesores también somos empleados de una universidad, un colegio o alguna entidad educativa.

Cualquier evaluación a un trabajador puede tener por lo menos dos objetivos: una primera es saber que conocimientos o habilidades si posee y cuales no; otra posibilidad es utilizar esta información dentro de un sistema de incentivos y penalidades. El gobierno ha sido claro en que la evaluación de los docentes tendrá como objetivo solo lo primero. Se ha insistido en que no habrá castigos. Porque de lo que se trata es saber que es lo que no saben los maestros de nuestros hijos y poder preparar capacitación que les permita nivelarse. El Presidente García incluso insistió en que se iba a tener mucho cuidado en que el nivel de las preguntas permita discriminar eficientemente cuales son dichas carencias. Públicamente se comprometió a que no habrían preguntas que nadie podría responder.

Nada de esto ha servido. Según las informaciones que se tienen algunos maestros robaron la prueba y luego ellos u otros la publicaron en Internet para que la baje cualquiera. Como resultado de estos hechos el examen a los docentes ha tenido que ser postergado. El SUTEP en lugar de salir a condenar los hechos y exigir que la capacitación que el Estado le ofrece a sus maestros sea más apropiada a las verdaderas necesidades de los maestros, ha preferido celebrar el hecho delictivo denunciando que han sido los propios funcionarios del Ministerio de Educación quienes filtraron

Más allá de todo este lío de si hubo robo o no creo que es importante señalar que este examen -si es que finalmente se da- sirve para mejorar la política de capacitación a los maestros en tanto y en cuanto el Ministerio sea capaz de organizar apropiadamente los cursos que permitan llenar los vacíos. Pero esto podría chocar con los incentivos más simples a los que responden una buena cantidad de maestros. Para ellos el trabajo de maestro les permite tener un horario más corto que el del resto y por lo tanto mayor tiempo libre para dedicarse a otras actividades. En muchos casos este tiempo se dedica a otro trabajo y por lo tanto mayor tiempo dedicado a capacitación puede ser un problema. Mucho más si es que estas nuevas capacidades no van a volver a ser evaluadas y peor si es que de nada vale –en términos de remuneración o algún intangible- ser mejor profesor.

Pero donde si se puede dar algún cambio es en la percepción tan favorable de los padres respecto de la calidad de la educación que reciben sus hijos. Más de 7 de cada 10 padres de niños entre 6 y 11 años que van a escuelas rurales responden que sus hijos saben leer y escribir aunque esto es claramente falso. Ojalá que los padres entiendan que la educación que están recibiendo sus hijos servirá de poco o nada. Que el esfuerzo de levantarse todos los dias y mandar a sus hijos al colegio no les permitirá a los hijos de quienes viven en situaciones de pobreza salir de la misma. En estas semanas de pelea entre el Ministerio y el SUTEP el silencio cómplice de los padres es algo que tampoco termino de entender. Ellos deberían ser los primeros en denunciar el asalto a la educación de sus hijos.


Publicado en El Comercio, Diciembre 21, 2006

Impuestos: Entre la eficiencia y la equidad

Todo impuesto es una distorsión porque separa el precio que recibe el que vende un bien o presta un servicio y el precio que paga quien consume dicho bien o servicio. Cuando usted le echa gasolina a su auto, del dinero que paga sólo una parte va al dueño de la estación de servicio. El resto va a manos del Tesoro Público. Pero alguna vez se ha preguntado usted cuánto le cuesta cobrar ese impuesto al Tesoro Público. En el caso de la gasolina la respuesta es poco o nada. Pero eso no es necesariamente cierto en el resto de impuestos.

Esta semana el MEF flotó la idea de cobrar impuestos a los intereses generados por los ahorros depositados en el sistema financiero peruano. La idea era parte de una renovación del sistema tributario peruano que el MEF quiere hacer con la lógica de hacerlo más equitativo, es decir, que paguen más quienes más tienen. Hasta aquí todo suena bien, el problema es cómo se logra dicho objetivo. Dentro de la lógica del MEF era imprescindible en la batalla contra las exoneraciones ciegas y poco eficientes cortar en ambos lados de la torta. Así como estaban dispuestos a quitar las exoneraciones que hoy tienen las zonas de selva en cuanto al pago del IGV por la comercialización de combustibles, también deberían cortarse los beneficios de la exoneración al impuesto a la renta a aquellos que generan renta a través de ganancias de capital. En palabras más simples, si tienes inversiones en bolsa, bonos, ahorros, o cualquier otro instrumento financiero y ganas dinero más allá de lo que invertiste, deberías pagar impuesto a la renta. Y la idea era gravar a todos para evitar castigar a alguna forma de ahorro en desmedro del resto. Sin duda el MEF quería ser políticamente correcto. Insisto hasta la intención sólo aplausos.

El problema está en la implementación de estas medidas. Déjenme regresar a la pregunta sobre cuanto le cuesta al Tesoro Público recaudar los impuestos. Si por alguna razón el costo fuera mayor a lo recaudado claramente no es un impuesto que valga la pena. En el caso de la gasolina, los griferos depositan en la cuenta del Tesoro Público y no se requiere de un sistema especialmente diseñado. No hay cálculos complicados que hacer pues el impuesto es simplemente una parte del precio de venta. Pero muchas veces el costo está más allá de cuanto le cuesta establecer un sistema de pago de dicho impuesto. Si pusiera un impuesto a los seguros de vida emitidos en el Perú estoy incentivando que las personas tomen seguros de vida emitidos fuera del Perú porque sólo por el hecho de firmar con una compañía peruana tendría que pagar 19% más. ¿Puede la SBS controlar compañías de seguros extranjeras que ofrezcan seguros de vida en el Perú? La respuesta es no. Si pusiera impuestos a las rentas que generan los ahorros, ¿quiénes serían los que pagan? Lo más probable es que sean los menos sofisticados en su forma de ahorrar. Entre ellos están no sólo mis abuelos sino el propio Estado. Uno de cada cuatro soles depositado en el sistema bancario es del Estado. El MEF planteó cobrar este impuesto sólo a aquellos con depósitos por encima de S/. 7,000. La respuesta lógica de cualquier ahorrista, inclusive del no muy sofisticado es eludir el impuesto dividiendo sus cuentas. Entonces el impuesto no sólo representa un costo financiero para el ahorrista sino un costo de transacción. El contribuyente incurrirá en dicho costo siempre y cuando le convenga hacerlo. En la lógica del MEF, la recaudación iba a ser tan pequeña que nadie se iba a tomar la molestia de evitar su pago, como lo que pasa con el ITF.

La primera lección en cualquier curso de política fiscal es que hay que tener impuestos equitativos pero eficientes. ¿No es que el ITF iba a forzar a que los independientes de altos ingresos paguen impuestos? ¿Quién no está pagando impuestos? La política fiscal no sólo debe ser fruto de lo políticamente correcto.

Publicado en El Comercio, Diciembre 14, 2006

Informe Bancarizacion en el Peru

Informe sobre Bancarizacion en el Peru preparado para la SEGIB

Viñetas desde Arequipa

Abro mis notas de CADE y encuentro marcadas algunas frases que quisiera compartir con ustedes. La primera es sobre que tan bueno es ser un país diverso. Mejor dicho que tanta rentabilidad podemos obtener de tener multiplicidad de climas y alturas en una misma región. Si bien puede ser admirable que en una zona relativamente pequeña podamos cultivar una diversidad de productos lo que importa en realidad es pasar la prueba del mercado. Aunque está lejos de ser verdad, pero si yo pudiera cocinar sólo una porción de 30 platos distintos no podría poner un restaurante. Necesito escala de producción. Necesito un mercado interesado en pagar por mis habilidades. ¿Qué gano del hecho que puedo producir las más sabrosas alcachofas si no tengo una escala que interese al mercado? ¡Estas alcachofas no las está sembrando Picasso!

La segunda es sobre una afirmación que hizo el presidente del BID referente a que 40 de cada 100 nuevas pequeñas empresas peruanas desaparecen antes de haber cumplido un año. Es más, apenas 15 de cada 100 sobreviven tres años. El señaló que el BID estaba muy interesado en reducir esas cifras. Lamentablemente no se explicaron las causas por las cuales dichas empresas quiebran ni tampoco cual era algún punto de comparación. Buscando estadísticas encontré que en EEUU al cabo del primer año 20 de cada 100 nuevas firmas salen del mercado y luego de tres años esta cifra sube a 45 por ciento. En Canadá las cifras son 33 de cada 100 nuevas firmas no pasan el primer año y 50 de cada 100 pueden festejar su tercer cumpleaños. Ojo que los datos de Perú incluyen a empresas informales mientras que no es así en los otros dos países. Así es que pongamos un grano de sal a la comparación.

Pero lo importante es saber porqué quiebran estas empresas en el caso de Perú. ¿Es por razones macroeconómicas, por razones específicas a la industria, o son razones específicas a las propias empresas? En los estudios típicamente se encuentra que aquellas empresas de mayor tamaño tienden a ser más resistentes a los problemas iniciales. ¿Qué factores impiden crecer a las pequeñas nuevas empresas que sobreviven su primer año en el Perú? ¿Es realmente malo que nuevas empresas quiebren? De repente no evaluaron bien su proyecto, no tienen a las personas idóneas para manejar la empresa, o de repente no tienen suficiente respaldo financiero para iniciar la aventura de la empresa propia.

Una tercera es la reflexión más general sobre lo discutido en la CADE. ¿Porqué se ha avanzado tan poco en materia de inclusión en los últimos años? Ayer en la presentación del último libro del Banco Mundial el presidente García fue muy enfático en señalar -citando a Galileo- que a pesar que hay malos gobiernos, que hay malas coyunturas internacionales y demás adversidades hoy somos un país más inclusivo que el que teníamos hace 50 años. Si bien eso es indiscutible, la comparación relevante es si el Perú ha hecho más o menos que sus pares en esos 50 años. Pero si algo positivo salió de la reunión en Arequipa fue que los peruanos debemos dejar de mirar el pasado y construir el futuro. En ese sentido, en la CADE hubieron propuestas interesantes para mejorar la gestión y la intervención del Estado. Por ejemplo, Gustavo Yamada propuso retirar el velo que hoy existe entre los que optan por estudiar en las instituciones de educación superior e informar sobre el retorno de esa inversión a través de una encuesta. El Estado podría mejorar el funcionamiento del mercado educativo brindando mayor información a quienes están detrás de la oferta y de la demanda. Es momento de ver como Estado y mercado pueden complementarse en lugar de suplantarse.

Publicado en El Comercio, Diciembre 7, 2006

La CADE de los excluidos

Hoy empieza el CADE donde se discutirá sobre Inclusión y Desarrollo para Todos. La lógica detrás de todas las presentaciones de la conferencia es que el Perú es lo que hace mucho se llamaba una economía dual. Es decir, un país con dos tipos de ciudadanos. Unos que tienen un mayor acceso a mercados e infraestructura y otro grupo de la población que sólo tiene un acceso muy limitado a la potencia del mercado y a la infraestructura. El primero de ellos se beneficia notablemente cuando existe un favorable entorno internacional y puede protegerse cuando éste desaparece. Mientras tanto, el otro grupo sencillamente no la ve. Para ellos que China esté creciendo hace dos décadas a 10 por ciento sencillamente no importa. Ese mercado no es ni por asomo su mercado. En realidad su mercado es tan pequeño que sus “empresas” típicamente no tienen más de dos trabajadores incluyendo al dueño y algún familiar.

Asimismo, el grupo de los incluidos accede a infraestructura de todo tipo. Sus viviendas son parte de la red de agua y desagüe, llegan a su lugar de trabajo utilizando calles asfaltadas, se comunican por celular con sus hijos y a la noche se duermen viendo TV. Del otro lado del río, los excluidos no tienen agua o desagüe y buena parte de sus problemas de salud están asociados a ello, caminar “aquicito no más” dos horas puede ser cosa de todos los días, y sólo una pequeña proporción tienen acceso a alguna forma de comunicación. Para este último grupo la discusión para rebajar el costo de la renta básica es irrelevante. Menos de 15 por ciento de hogares rurales pobres tienen acceso a electricidad.

Leía el otro día un trabajo de dos profesores de MIT que comparaban los hábitos de consumo de los extremadamente pobres alrededor del mundo. Al igual que en el resto del mundo nuestros compatriotas que viven con menos de un dólar por día no dedican todo su ingreso a comida. Es más, usan ineficientemente sus recursos pues no compran lo más nutritivo que está a su alcance. Los peruanos destacaban entre muchas cosas porque más del 70 por ciento tenían radio y casi 10 por ciento tenía televisor. Esta última cifra sube a casi 50 por ciento si miramos los hogares extremadamente pobres que viven en zonas urbanas. Sin embargo, y por obvias razones nuestros pobres extremos peruanos son quienes tienen menos bicicletas. Además destacamos porque la principal fuente de crédito es el fiado de la tienda en el caso de los pobres rurales y los parientes en el caso de los pobres urbanos. A diferencia de lo que pensaba, son relativamente pocos los adultos que han migrado (15 por ciento) desde que nacieron o que han migrado para buscar trabajo (7 por ciento).

Mientras los primeros están preocupados por el clima de negocios, a los otros una alteración drástica en el clima puede significar una reducción abrupta en sus ingresos (por el efecto de la helada en sus cosechas) o en sus activos (mueren sus animales, o se vuela el techo que recién pusieron). Frente a esta enorme brecha entre estos mundos viviendo al interior de un mismo país la pregunta obvia es qué hacer. Me imagino que la CADE intentará varias respuestas así que no ofrezco ninguna aquí.

Termino con dos anécdotas. El otro día me contaban que Foncodes había colocado letrinas en un pueblo a las afueras de Cajamarca y la gente en lugar de utilizarlos como tal los usaba como almacén para sus herramientas pues era el único lugar con techo. Ayer, mi hermano que trabajó como médico rural por varios años, contaba que entre sus hazañas más interesantes era haber sido el primer médico en llegar a un par de distritos del Perú. Me pareció increíble que hubiera algún distrito (entre los más de 1831 distritos existentes) que jamás hubiera sido visitado por médico alguno. Me imagino que eso es lo que llamamos ausencia del Estado.

Publicado en El Comercio, Noviembre 30 , 2006

Particularismo político

Para cosas tan simples como escoger que comemos el domingo en familia tenemos siempre dos formas de hacerlo: o una sola persona decide por todos y los demás aceptan o protestan, o por el contrario cada uno pide lo suyo y quien cocine tendrá que tener la habilidad de Gastón Acurio para hacer múltiples platos en una misma mañana. Esto que suena a broma es lo que hacemos a nivel del gobierno central y regional. Una opción para gobernar es hacerlo descentralizadamente donde son varias las autoridades quienes deciden que es lo mejor que se puede hacer con un determinado presupuesto, o el gobierno central decide por los demás. Cada una de las formas tiene elementos positivos y negativos.

Para empezar una decisión centralizada puede ser más eficiente pues podrá tomar en cuenta mucho más información que si varias cabezas estuvieran decidiendo cada uno por su cuenta con información limitada a su entorno local. Asimismo, podría ser más económica porque los costos de una decisión para varias zonas del país se hacen pagando una sola vez, en lugar de hacer una serie de estudios individuales que pueden terminar sumando una cifra mucho mayor. Otro beneficio es que puede llevar a decisiones más coherentes. Por ejemplo, si voy a fomentar el desarrollo de la sierra exportadora más vale que la región colindante invierta en la infraestructura necesaria para que dicho desarrollo sea posible.

No obstante todo lo anterior las decisiones centralizadas también están llenas de potenciales problemas. En primer término son potencialmente poco democráticas pues las decisiones podrían no tener nada que ver con las preferencias locales. El gobierno central podría preferir que los recursos de determinada región se utilicen en mejorar la carretera que la atraviesa mientras localmente se prefiere que dichos recursos vayan a establecer un mejor sistema de postas de salud. Como los recursos son siempre escasos necesariamente se tendrá que optar.

En segundo lugar, las decisiones pueden estar teñidas de un manejo politizado. Se puede querer premiar con mayores recursos a las zonas que si votaron por el gobierno o castigar ya sea con menores recursos a aquellas localidades donde sus votos fueron más escasos. Claramente esto no tiene nada de eficiente o coherente. Finalmente, el contexto local muchas veces es un ingrediente esencial en una decisión acertada. Por poner un ejemplo, currículos educativos que no se moldean a las particularidades de las comunidades a las cuales van dirigidos pueden resultar en iniciativas poco eficaces.

En el Perú hemos optado desde hace unos años reiniciar el proceso de descentralización y la semana pasada hemos votado para renovar a los presidentes regionales. Los resultados muestran que los partidos nacionales tienen más de partidos que de nacionales. Su presencia en el escenario regional es muy limitado. El APRA tiene 4 presidentes regionales, UPP uno solo, Unidad Nacional ninguno. Y entre esos tres partidos controlan 97 de 120 escaños en el Congreso. Y nadie quiere admitir la derrota, patético, ¿no?

El riesgo de estos resultados está en que se puede caer en lo que se llama particularismo que no es otra cosa que en lugar de preocuparse de atender grandes prioridades nacionales el gobierno central se ve obligado a resolver pequeños conflictos locales. Los estudios muestran que niveles intermedios de particularismo están asociados a mejor calidad de instituciones y por lo tanto a mayor nivel de desarrollo. La pregunta del millón es si la derrota de los partidos nacionales nos lleva a demasiado particularismo y por lo tanto a menor desarrollo. Mi apuesta es que así es. Ojalá me equivoque.

Publicado en El Comercio, Noviembre 23, 2006

El Directorio del BCRP

Empecemos por una premisa básica: el directorio del BCRP no es un club de políticos jubilados. El hecho que los partidos políticos representados en el Congreso escojan a tres de sus siete miembros no es para darle “empleo” a sus miembros que peinan más canas. La razón de ser que el Congreso tenga esta responsabilidad es por la simple razón que estamos en una democracia y los ciudadanos delegamos en nuestros representantes algunas decisiones. En particular, lo único que los ciudadanos le pedimos al Banco Central y que así está estipulado en su Carta Orgánica es la defensa de la estabilidad monetaria. Así de sencillo.

El problema es obviamente cómo escoger. Algunos quisieran que se exija que sólo vayan personas con amplios estudios de economía y finanzas, otros quisieran que fueran académicos de prestigio, otros podrían sugerir que vayan personas vinculadas a la banca. Finalmente, otros podrían exigir que los candidatos hayan administrado una empresa para que tengan los pies en la tierra a la hora de decidir sus políticas. Al igual que en la elección de los congresistas no podemos poner requisitos porque sería anti-democrático. Obviamente que los ciudadanos confiamos en que los miembros del Congreso de la República entenderán la importancia de esta elección y no tomen el tema como mi hijo menor hacía cuando juntaba el álbum del mundial: “yo te doy esta figurita y tu me das esta otra”.

Los miembros del Congreso deben reflexionar sobre cual es el rol del Banco Central antes de completar su directorio. A mi juicio son dos las principales responsabilidades. Para empezar el Banco Central debe ser el garante de la estabilidad monetaria. En segundo lugar, son una voz calificada e independiente que debe señalar con claridad los potenciales problemas que las acciones del Ejecutivo o del Legislativo puedan provocar en el buen funcionamiento de la economía. Por esta última razón me parece que la decisión del Ministro Carranza de evitar que miembros del Ejecutivo sean parte del directorio es saludable. Recuerden que el BCRP debe emitir una opinión sobre el Marco Macroeconómico Multianual que prepara el MEF. Antes era impensable esperar una opinión independiente si el propio viceministro de Hacienda era parte del directorio. ¿Acaso podría opinar que la política fiscal dejaba mucho que desear? Por eso la gran mayoría de los países en el mundo han ido tratando de hacer más independientes a sus bancos centrales. La lucha contra la inflación que antes era un flagelo característico de América Latina se empezó a derrotar cuando los bancos centrales se volvieron independientes del Ejecutivo.

En plan de sugerir cosas concretas de repente valdría la pena que los congresistas entren a las páginas web de los bancos centrales de la región con mayor prestigio y constaten que una amplia mayoría de los directores son destacados economistas con doctorados en las más prestigiosas universidades del mundo y no políticos muy distinguidos pero que difícilmente podrán aportar en medio de una crisis financiera internacional o de una corrida bancaria local. Hoy el debate en los directorios de los bancos centrales es mucho más técnico y complejo que el de hace 10 años. Habría que pensar que si uno tuviese bajo su responsabilidad escoger este verano quien va a ser el salvavidas de la playa en la que se van a bañar sus hijos probablemente optaría por el mejor nadador, o por lo menos pensaría dos veces en escoger al barrigón en bermudas sólo porque es amigo del dueño del club.

Publciado en El Comercio, Noviembre 16, 2006

Transparencia si, control no

La semana pasada decidí no sumarme a las editoriales que rechazaban el proyecto de fiscalización a las ONG porque ingenuamente pensé que los congresistas de todas las tiendas entrarían en razón y abandonarían la idea. Pero no ha sido así. Por el contrario, han surgido más voces defendiendo la idea que las ONG deben ser no sólo obligadas a registrarse ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sino que además deben estar sujetas a que la APCI les de el visto bueno para seguir operando siempre y cuando sus proyectos estén “en armonía” (es decir, ¿alineados disciplinadamente?) con lo que el gobierno de turno tenga como objetivos para la cooperación internacional.

El gobierno y algunos legisladores de la oposición confunden el rol del Estado en exigir que estas asociaciones privadas informen sobre las fuentes de su financiamiento y el destino de dichos fondos. Según este grupo, de esta manera se podrá saber si esta parte del sector privado no está haciendo cosas en contradicción con los objetivos del gobierno. ¡Qué frescura! Si alguno de nosotros quiere poner su ONG dedicada a ir en contra de la política del gobierno utilizando el espacio que la Constitución nos confiere a los ciudadanos para expresarnos con libertad, ¿el gobierno de turno debería censurarnos? ¿Acaso tiene sentido creer que el gobierno de turno conoce cuales son las verdaderas prioridades que necesitan ser atendidas en el país? Por ejemplo, ¿todos debemos preferir los árboles a las minas, o viceversa?

El gobierno debería confiar en el más cruel de los árbitros: el mercado. Por un lado, si alguna ONG hace mal uso de los fondos que alguna entidad cooperante le ofrece lo más probable es que saldrá del mercado pues no le renovarán su confianza. Y si es que hay alguna fuente de cooperación internacional que alivia sus penas enviando dinero a esta ONG será su problema si es que quiere desperdiciar sus fondos. El Estado no puede sancionar a esa ONG por destinar los fondos a usos que a algún funcionario del Estado le parece que está mal. ¿En dónde queda la libertad de contratación?

Por otro lado, si es que alguna ONG tiene la capacidad financiera incondicional y se embarca en un ataque frontal en algún tema específico no será otra cosa que un lobbista más en dicho tema. En esa condición podrán surgir otras ONG que hagan contrapeso a sus posiciones “extremas” o su propia postura extrema hará que el mercado valore poco su palabra porque se sabrá que sus argumentos son más bien ideológicos y no fundamentados. Por último, el Estado podrá utilizar sus recursos para mostrarle a la ciudadanía como los argumentos de dicha ONG son errados o no son convenientes para el país. ¡No puede ser que la herramienta del Estado sea cerrar la ONG!

Sería genial que la APCI informara cuantas ONG cierran. Así como es muy ilustrativo saber que tipo de empresas cierran, sería igual de interesante conocer porqué algunas ONG no tienen más remedio que cerrar sus puertas y salir del mercado.

¿Por qué los congresistas no empiezan pidiendo información a los gobiernos regionales y municipales sobre las usos que les dan a los fondos públicos que reciben? Ahí si hay necesidad de armonizar, fiscalizar y vigilar. El que se construyan monumentos al dinosaurio no está en “armonía” con las necesidades de la población. Si algún privado quiere hacerlo con su plata y en su jardín, a lo más sentiremos lástima por sus vecinos pero está en su derecho. El gobierno debe entender que sólo puede controlar los fondos públicos. No dejemos pasar una ley así.

Publicado en El Comercio, Noviembre 9, 2006

Audacia y Liderazgo

Me pareció excelente escuchar al Presidente García señalar que en el fracasado intento de llegar a una Ley General de Trabajo lo que había faltado era la voz de los que hoy no tienen voz: los trabajadores que no son formales ni sindicalizados. Es imposible pretender que el Consejo Nacional de Trabajo represente a todos. Los líderes sindicales tienen una visión cortoplacista y no terminan de entender que la actual legislación laboral los lleva inexorablemente a ser un club con cada vez menos socios y por lo tanto con cada vez menos importancia económica y política. Es prácticamente inútil pretender que se pueda formar una asociación de subempleados y por lo tanto le corresponde al Estado -al gobierno de turno- llevar la voz de quienes no están invitados a esa mesa de concertación de políticas.

Sin embargo, todavía algunos creen que el país reducirá sus niveles de informalidad con tasas de crecimiento altas y sostenidas. Claro que eso ayuda pero hace falta audacia y liderazgo de quienes hoy tienen el control de las iniciativas legislativas. Muchos dicen que nada de esto es políticamente posible. ¿Cómo el APRA de Negreiros va a ir en contra de los intereses de los sindicatos? La opción es seguir sin intentar cambio alguno, dejando en el camino no miles sino millones de trabajadores y sus familias sin acceder a mejores condiciones de trabajo, a poder sentir que con su trabajo se han ganado el derecho de pasar unos días de vacaciones.

Como señalé hace unos días en la primera reunión del MEF con los empresarios para intercambiar ideas sobre como alcanzar un mejor marco tributario me parece que en el debate tributario se ha puesto en una errada posición. No podemos permitir que la discusión de exoneraciones sea vista como un intercambio de figuritas, le quito una a los pobres y una a los ricos. Para empezar y como bien ha salido ayer a puntualizar el MEF hay algunas exoneraciones como la del IGV a los créditos bancarios que jamás afectará a aquellos de mayores ingresos o a los dueños de los bancos. Muy por el contrario sólo afectarán a los que siendo de menores ingresos acceden a créditos de los bancos. Me parece excelente que se diga con absoluta claridad que esta exoneración tiene sentido económico y por lo tanto no está en discusión.

No obstante ello, creo que si falta de parte del MEF una posición mucho más firme con respecto a que lo que hace falta eliminar son aquellas exoneraciones que no tienen justificación económica de estar vigentes. Es más, muchas de estas exoneraciones generan que el Estado esté contribuyendo al negocio de algunos mafiosos, como es el evidente caso de los combustibles en la selva.

En el debate de la exoneración a las ganancias de capital en la bolsa también percibo que falta de audacia y liderazgo. En un interesante seminario organizado por Procapitales un experto chileno señaló que (1) no se puede ir contra la nueva realidad internacional donde la mayoría de países no gravan estas rentas si es que queremos ser parte del mercado mundial de capitales y, (2) lo que falta es que el impacto de dichas exoneraciones llegue a las empresas medianas y pequeñas. Es decir, falta que el MEF y los actores del mercado financiero discutan como atender a los excluidos de este mercado. Así como pasa en el mercado laboral, en el financiero hay una enorme mayoría de empresas peruanas medianas y pequeñas que no acceden a los beneficios de que nuestra economía esté integrada al mundo. Ese es el verdadero problema a resolver, no si podemos recaudar un poco más.


Publicado en El Comercio, Noviembre 2, 2006

El baile del dolar

Hace unos días el tipo de cambio volvió a estar “por los suelos” según los titulares de algunos diarios. Lo cierto es que el tipo de cambio nominal estuvo en los mismos niveles que en enero de 1999. Mucha gente se preocupa porque temen que el nuevo directorio del Banco Central -que esperemos hoy se complete- adopte una postura distinta a la seguida en el pasado. Si hay algo que ha distinguido a la política cambiaria peruana hasta ahora ha sido que no se ha dejado que el tipo de cambio se mueva con total libertad. El BCRP ha intervenido frecuentemente para alterar el valor del tipo de cambio. La justificación siempre es la de siempre, el Banco sólo trata de atenuar las fluctuaciones de muy corto plazo.

Si miramos al sur en Chile pasa algo parecido. El peso chileno está hoy en los mismos niveles que los registrados en 1999. Es decir, lo que hoy estamos viviendo en Perú y Chile no depende únicamente de lo que pasa en cada una de estas economías. Lo que está pasando es que ambas economías están pasando por circunstancias similares. Ambas son economías pequeñas y abiertas al resto del mundo. Ambas son economías cuyo principal producto de exportación son minerales que en los últimos han tenido un enorme y sostenido boom. Es decir, en ambas economías se registra un crecimiento de las exportaciones explicado por el rápido crecimiento de la economía mundial.

Pero ¿donde está la diferencia? Si comparamos ambas políticas cambiarias observaremos en primer lugar que el Banco Central de Chile a diferencia del nuestro no interviene en el mercado cambiario. En segundo lugar, el peso ha sido dos veces más variable que el sol. Esto está justamente explicado por la primera diferencia. ¿Cómo se entiende esto? ¿Está bien que sea así?

Lo primero es más fácil de racionalizar. El Perú es una economía dolarizada y Chile no. Esto podría servir de justificación para que nuestro Banco Central sea más cauteloso en dejar que el tipo de cambio fluctúe más libremente. Pero eso es una media verdad. En realidad el Banco Central al optar por evitar que las fluctuaciones sean muy pronunciadas está matando un mercado de coberturas que podría surgir, tal como ha surgido en Chile. Imagínense que el Estado peruano les paga a todos los peruanos con automóvil su seguro de accidentes. ¿Cuál va a ser la reacción frente a esta decisión? Para empezar, nadie va a asegurar sus autos frente a este riesgo potencial pues ya me lo dan gratis. Segundo, muchos conductores serán menos cautelosos en su manejo pues las consecuencias de sus actos las pagan otros y no él. Claramente los afectados no sólo serán el Estado quien pagará unas primas de seguro más altas, sino los demás conductores y peatones que tendrán que convivir con más locos al volante.

Aquí ha pasado algo parecido con la política cambiaria. En lugar de que las empresas que se endeuden sean las que paguen el costo de tomar el riesgo de hacerlo en dólares, el Banco Central les ha regalado ese seguro al hacer menos volátil el tipo de cambio. ¡Provecho!. A nuestro juicio el BCRP debería dejar que el mercado de coberturas se vaya desarrollando retirándose poco a poco del mercado cambiario. Hace bien el Superintendente de Banca en hacer notar que la gente que ahorra en dólares ha sufrido una pérdida de capital este último año y debería repensar si vale la pena seguir apostando por el dólar. Esto podría ser aún más obvio y efectivo si el BCRP dejara que el mercado cambiario hiciera su trabajo. ¿Se animará el próximo directorio a que dólar baile a otro ritmo?
Publicado en El Comercio, Octubre 26, 2006

El pinche muro

Para algunos el proceso de globalización en el mundo se profundizó de manera definitiva con la caída del muro de Berlín en 1989. En menos de un mes se volverá a festejar el evento que no sólo permitió reunificar Alemania sino que además cambió el destino de millones de europeos del este. Hoy, es cada vez más cerca el sueño de una sola Europa y están cada vez más lejos las grandes diferencias entre oeste y oriente. El muro de Berlín representó la división entre el bloque soviético y el resto del mundo. Esta absurda división empobreció una gran parte de Europa que camino al ritmo del sueño soviético de crear un gran bloque socialista y por lo tanto opuesto al desarrollo basado en un esquema capitalista.

El mundo celebró emocionado dicho evento hace más de quince años y hoy quienes somos defensores de que el proceso de globalización es positivo para los peruanos no podemos sino estar consternados por la absurda decisión del presidente Bush de impulsar la construcción de un muro que separe los Estados Unidos Mexicanos y los otros Estados Unidos de más al norte. Este evento marca pone en evidencia uno de los principales problemas del proceso de globalización. Cuando uno habla de globalización típicamente está hablando que los mercados de los distintos países del planeta se comportan como si fueran un solo mercado. Es decir, yo puedo comprar un café en pleno Nueva York que en realidad está hecho con café de Oxapampa, mientras leo las noticias en internet sobre el atentado en Sri Lanka en una computadora que hicieron en Taiwán pero que compré en Lima.

Pero la globalización no sólo se limita al intercambio comercial de bienes sino también a los servicios. Es decir, podría estar haciendo cola en la agencia del novedoso Commerce Bank cerca de Wall Street para abrir una cuenta sin costos de mantenimiento o podría enviar una remesa a mi familia en Perú. Sin embargo, la globalización va mucho más allá o al menos debería ir mucho más allá pues también los mercados de capitales deberían estar interconectados. Es decir, una empresa peruana debería poder (si es que lo vale) emitir deuda en Londres y una empresa americana debería poder colocar seguros en Perú.

La pata coja del proceso de globalización es el mercado de trabajo. Los distintos mercados de trabajo de los países están muy lejos de estar integrados. Ninguno de nosotros puede tomar un avión a Estados Unidos (sea México o USA) sin que el pasaporte cuente con una visa que lo permita. Y no a todos les otorgan visa. Los distintos gobiernos han establecido numerosas restricciones en el funcionamiento de sus mercados de trabajo. La migración internacional se ha convertido en tema de constante disputa y de apuestas desesperadas como la del grupo de compatriotas que esta semana aparecieron varados en las costas de Costa Rica. Peruanos que apostaron y juntaron 8,000 dólares para emigrar ilegalmente y no consiguieron nada.

Esta semana mientras el presidente Bush aprobaba gastar más de ocho mil millones de dólares sólo en construir el muro (sin contar lo que costará la vigilancia en sí) andaba de vacaciones en Nueva York, probablemente la ciudad más emblemática de USA. Más de la mitad de la gente me habló en español, y en la función de una de las principales obras de Broadway, la actriz principal resultó ser mexicana, quien tuvo una actuación deslumbrante que el publico aplaudió de pie. Dentro mío no pude evitar pensar “pinche” muro, ya pronto otros lo derrumbarán.
Publicado en El Comercio, Octubre 19, 2006

Hacia un nuevo pacto social

El sábado en Barcelona el Ministro de Economía fue comentarista en un seminario que trata de definir cual es la reforma fiscal necesaria para un nuevo pacto social. Si a usted le preguntaran cual es el pacto social vigente en el Perú probablemente padecería la misma contractura muscular de la que me estoy recuperando tratando de escribir algo razonable sobre el tema.

Para empezar se podría argumentar que la sociedad peruana se puso de acuerdo luego de muchas idas y vueltas en que quien esté al mando del gobierno cobre impuestos a empresas y personas. Con dichos recursos el gobierno debería tratar de atender parcialmente algunas de las necesidades básicas (y no tan básicas) de la población. De esta manera las personas y empresas sienten que lo que pagan de impuestos se refleja en vecindarios seguros, calles transitables, hospitales confiables, colegios que eduquen, etc. Claramente poco de eso pasa.

Normalmente nuestra actitud frente a un mal servicio es cambiar de proveedor, lo hacemos cuando cambiamos de restaurante, de nido para nuestros hijos, o de empleada doméstica cuando rompe el jarrón de la abuela o raya la mesa recién comprada. Sin embargo, nuestra actitud frente a un Estado que es un mal proveedor es más bien acomodaticia y tolerante. Aunque a algunos nos gusta alzar nuestra voz de protesta, una amplia mayoría acepta resignada la mala suerte de necesitar del Estado. Por último, y si realmente estamos enojados con el servicio le escribimos a El Comercio para que alguien haga algo. Pero si las cosas realmente están tan mal los medios de comunicación tendrían más denuncias que avisos clasificados. A veces, como ciudadanos lo que nos falta es información para poder pedir lo que realmente deberíamos pedirle al gobierno.

En nuestro actual pacto social, cada cinco años hacemos hígado y luego cambiamos nuestro voto casi resignados a que el que viene tampoco va a resolver nuestros problemas, pero fieles al castigo seguiremos pagando puntuales nuestros impuestos en cada galón de combustible, en cada entrada al cine y cada fin de mes con nuestro sueldo. Pero regresemos al tema de la charla del Ministro. Hoy tenemos un conjunto de impuestos por un lado y un conjunto de decisiones de gasto por otro. Si quisieran cambiarlos se tendría que presentar un presupuesto 2007 distinto. Pero el fondo del asunto va más allá que la pelea por unos millones más aquí y unos menos allá hoy o mañana. La pelea de fondo está en que los impuestos que ponemos tienen consecuencias en el crecimiento de largo plazo de la economía. Hay algunos que nos hacen menos competitivos, menos formales. Asimismo, hay exoneraciones para algunos pero no para otros y siempre deberíamos preguntarnos si ese sol vale la pena gastarlo en esa exoneración o de repente es mejor ahorrarlo o reducir nuestra abultada deuda.

Sería interesante saber quienes son los que se prefiere atender o dejar desatendido O si quieren verlo desde la otra cara de la medalla. ¿Quiénes son los que terminan recibiendo los impuestos que pagamos? Lo lógico sería que el gasto público funcione como un mecanismo que busque igualar oportunidades para las mayorías que tienen menos. Lo complicado del asunto es que la receta no pasa por subir los impuestos y tener más para gastar. De esa manera, nuestra estructura tributaria se hace menos atractiva a las inversiones y por lo tanto a futuras fuentes de generación de riqueza. Hace mucho que no somos una isla sino que somos parte de la economía global donde al consumidor le da lo mismo que su camisa la hayan hecho en Bangladesh, Guatemala o en el Perú si total la marca es la misma.

Publicado en El Comercio, Octubre 12, 2006

Multas, cinturones y el SOAT

No me gusta escribir sobre accidentes de tránsito, porque la última vez que lo hice me choqué. Pero esta semana la ministra Zavala ha tomado dos decisiones importantes que no quería dejar de comentar. Primero, ha vuelto obligatorio el uso de los cinturones de seguridad para los pasajeros que van en el asiento de atrás de los automóviles. La razón de esta medida es reducir el número de fatalidades y lesiones que ocurren producto de los más de 75 mil accidentes de tránsito que el Perú tiene al año. Más de tres mil personas mueren por esta razón. La multa por no tenerlo debería servir como incentivo para que aquellos autos que no los tengan de fábrica los coloquen pronto.

Esto me lleva a la segunda medida dictada por la ministra: una combinación de multas más bajas pero penalidades más severas para los reincidentes. La motivación de esta medida es doble. Por un lado, la ministra reconoce que los montos previos de las multas eran excesivamente altas y llevaban a que el policía tuviera en sus manos un gran arma de negociación con el infractor que no era precisamente su revólver de reglamento. Por otro lado, la intención es que la multa no sea lo importante sino el comportamiento reiterado del conductor. Tal como sucede en otros países el conductor tiene una cantidad de faltas que puede cometer pasadas las cuales se pierde la licencia de conducir por un tiempo o de manera permanente.

Si ambas medidas fueran acatadas con prontitud y entusiasmo por las personas sin duda que lo que deberíamos observar es que las tarifas del SOAT disminuyan. La razón es simple, los pasajeros estarán tomando mayores prevenciones que antes y eso debería reducir el monto gastado en atender las lesiones producto de los choques así como las indemnizaciones a los fallecidos en accidentes de tránsito. Del mismo modo, las multas pasarían a cumplir el verdadero rol de hacer que el conductor tenga una actitud distinta cuando está al volante de su automóvil. El conductor debe entender que no sólo su vida sino la de muchos más que sus pasajeros está en riesgo cada vez que enciende su automóvil y por lo tanto debería manejar evitando accidentes y no evitando obstáculos en un juego de video.

Pero el problema es que una cosa es el contenido de la norma y otra la implementación y aplicación de la misma. Ya han empezado a aparecer cinturones de seguridad que no cumplirían con los estándares y eso fuerza a que la policía también deba revisar no sólo si el vehículo cuenta con ese dispositivo sino también la calidad del mismo. Por el lado de las multas, sus menores costos deberían reflejarse en la estadística como un aumento en el número de papeletas impuestas. Este número puede ser interpretado de dos formas. Una es que como ahora es más barato los conductores manejarán peor. Y una versión alternativa es que como son más baratas no habrá tanta “negociación” entre infractor y policía y por lo tanto la gente estará dispuesta a recibir una papeleta por su conducta indebida. Espero que si vemos ese aumento de papeletas la razón sea esta última.

Una ultima reflexión. Los estudios muestran que en un choque a velocidad el pasajero del asiento posterior golpeará al de adelante con un peso equivalente al de un elefante. ¿Tiene usted la cabeza tan dura como para soportar eso? No creo. Empecemos obligando a nuestros hijos a ponerse el cinturón, renegarán y harán una que otra pataleta, pero después para ellos será una sana costumbre.

Publicado en El Comercio, Octubre 5, 2006

La voluntad versus el mercado

No hace falta ser congresista para que a uno, me incluyo en la lista, sienta cierta fascinación por tener capacidad para cambiar las cosas que percibe como inadecuadas. Obviamente que sentados en una curul cualquier persona siente que pasa a ser su obligación el tratar de desatar nudos, remover obstáculos y cosas por el estilo. El problema no está en estas buenas intenciones mezcladas o no con cierta vanidad. El problema está en que cualquier decisión que se exprese en una modificación de las normas que afecte a algún mercado específico pueden tener efectos inclusive totalmente opuestos a los motivaron la iniciativa legislativa. La razón simplemente puede estar en que la nueva ley no modifica los verdaderos incentivos que determinan lo que pasa en dicho mercado. Pongamos un ejemplo para explicar a lo que me refiero.

Imagínense que alguna autoridad está preocupada por la calidad del pan que se vende en las panaderías. Frente a esta preocupante situación que afecta a una enorme mayoría de la población dicha autoridad no se le ocurre mejor idea que exigir que cada panadería será visitada por un inspector al inicio de la jornada. De este modo, este inspector verificará el proceso y certificará que el pan de dicha panadería se hace de la manera que “la ley manda”. La autoridad se sentirá feliz de estar resolviendo el problema que a diario enfrentan las familias al tener que consumir un pan de mala calidad. ¿Dónde están los problemas que la ley añade en lugar de resolver? Para empezar uno debería preguntarse quién será el que cubra el costo de tremenda supervisión. En segundo lugar, este sistema de supervisión genera una renta al inspector quien podría verse incentivado a “negociar” con el dueño de cada panadería para que por una suma razonable el inspector otorgue el certificado de calidad sin que el establecimiento se lo merezca. Es más, de repente alguien saldría con la idea que se necesita además un grupo de supervisores de estos inspectores y así sucesivamente. Todo esto podría llevar a que el número de panaderías caiga, sea más difícil obtener un pan de calidad y que el precio sea mucho mayor al que podría ser dado que se están añadiendo costos de transacción innecesarios.

El mercado sin que el Estado o alguna bien intencionada autoridad haya hecho algo muchas veces ya impuso su voz. Aquellas panaderías que ofrecen productos de baja calidad serán desplazadas por aquellas que logran combinar una escala de producción suficientemente alta con buenos productos a un precio razonable. Es decir, los consumidores de un lado votan con su dinero sobre cuáles son las panaderías que ofrecen un mejor producto a un precio razonable. Por otro lado, son los empresarios que potencialmente podrían abrir nuevas panaderías los que al ver un mercado mal atendido podrían interesarse en sacar del mercado a los participantes más precarios.

De repente la verdadera causa de la baja calidad del pan que se vendía en nuestro ejemplo era la existencia de un control de precios, o que el Estado había impuesto trabas burocráticas a la apertura de nuevas panaderías. Por ejemplo, (1) no se puede abrir una panadería muy cerca de alguna ya existente, o (2) para abrir una panadería hay que gastar una suma enorme en certificados o trámites innecesarios. Es decir, el Estado puede reducir la capacidad de que sean las propias fuerzas del mercado las que actúen en beneficio del consumidor. Muchas veces más que nuevas leyes, se necesita menos trabas e inclusive algunos problemas se resuelven con menos leyes y más mercado.

Publicado en El Comercio, Septiembre 28, 2006

Entre la austeridad y la eficiencia

El Presidente García ha querido marcar una enorme diferencia anunciando desde el inicio de su gestión una cruzada por la austeridad en el manejo de los recursos públicos. El anuncio de sueldos más bajos para si mismo, ministros, congresistas y demás funcionarios públicos ha caído muy bien en la población. Nadie duda que había excesos y muchos trabajadores con remuneraciones por encima de lo que realmente debían ganar. Sin embargo, es difícil justificar que ciertos cargos de la administración deban tener sueldos cuyo límite sea no ganar más que el presidente. Ejemplo de ello es la dificultad que tuvo el gobierno en encontrar Presidente del Banco Central. ¿Cuánto vale tener un buen defensor de la estabilidad monetaria? ¿Así es como se va a consolidar la búsqueda del grado de inversión?

Entre los aspectos positivos del nuevo presupuesto destacan: (1) la voluntad de cumplir la Ley de Prudencia y Transparencia en su versión con sanciones; (2) el mayor peso que tendrá la inversión pública dentro del total del presupuesto, ojalá que esto no venga con un SNIP light; y (3) el compromiso de no aprobar nuevas exoneraciones, es decir, la de Puno fue la última. Aunque esto último parece que se está diluyendo.

Entre los aspectos negativos figuran: (1) las exoneraciones tributarias lejos de haberse reducido han aumentado y sobrepasan el 2% del PBI. Es decir, recaudamos 14.1% pero regalamos 2%; (2) el Ministro no quiere romper la tradición de que cualquier impuesto temporal es en realidad permanente, para muestra se quedan el ITF, el punto extra del IGV y el ITAN, ¿en qué momento la palabra empeñada del Estado valdrá algo? ¿por qué tenemos otra vez déficit fiscal si el ITF iba a ampliar la base tributaria? ¿o es que hemos gastado ingresos que no debimos?; (3) el Congreso redujo sueldos, gastos operativos y asesores pero su presupuesto será mayor que el de este año, ¿alguien puede explicar esto?.

La discusión más de fondo -que la empezó el ministro Carranza- sobre la forma como encaramos el ejercicio de armar un presupuesto se ha postergado. El señaló que su objetivo era cambiar la forma como se elabora el presupuesto público. Por algo ya se empezó pues hace unos días recibimos un pedido para analizar como se puede implementar el presupuesto por resultados en el Perú. Esto es algo fundamental. El SNIP de alguna manera filtra los malos proyectos de inversión pública pero hay muchísimo gasto corriente en la forma de programas y proyectos que no pasan por el SNIP pero que tampoco tienen una evaluación previa y ex post que permita saber si esos fondos deberían volver a asignarse al año siguiente.

Un segundo tema de fondo es el permanente uso de créditos suplementarios. Un funcionario de la Dirección de Presupuesto de Chile me decía que ellos no tenían ningún crédito suplementario. Crédito suplementario es una forma elegante de decir plata extra que entra, plata extra que gasto. Obviamente, pedir que eso se ahorre porque en realidad son ingresos extraordinarios es como firmar nuestra carta pase al Hospital Larco Herrera.

Publicado en El Comercio, Setiembre 21, 2006

ITF: Adictos a la plata fácil

El Ministro de Economía y su viceministro de Hacienda les toca estos meses defender el presupuesto. Entre las perlas a defender está la permanencia del Impuesto a las Transacciones Financieras. Este impuesto que nació temporal resultó ser una hierba mala que no hay quien la pode de forma definitiva. Los argumentos técnicos bajo los cuales se le dio vida fueron: (1) es un efectivo instrumento para reducir la evasión tributaria y (2) es un impuesto que recauda fácil en un momento de apremio fiscal. En esa época señalamos que si bien todo eso podía ser cierto no había que olvidarse que como cualquier impuesto tiene consecuencias no deseadas. La principal, sin duda, es reducir el tamaño del sistema financiero, pero sobre todo reducir la voluntad de participar en el sistema financiero pues este pasa a ser un instrumento de lucha contra la evasión. En este sentido, resulta por lo menos extraño que por un lado el Gobierno justifica que debe existir una exoneración tributaria para que los ahorristas no paguen impuesto a la renta pero a la vez el mismo Gobierno les pone un impuesto por hacer uso de esa cuenta de ahorros. ¿En qué quedamos, estamos promoviendo el mayor acceso al sistema financiero, o todo lo contrario? Lo invito a mirar su estado de cuenta y sumar lo que paga por ITF y lo que recibe por intereses. Le apuesto que usted es quien le paga al banco por tener sus ahorros guardados y no al revés.

Otra consecuencia tampoco deseada era que implicaba una penalización excesiva a aquellos sectores productivos que buscaban a través de la especialización una mayor eficiencia. Es decir, en lugar de que en una misma fábrica se produjeran los 40 insumos que se necesitaba para producir algo, lo lógico suele ser tener 40 proveedores especializados para cada insumo. Si integro todos esos procesos en la misma firma dejo de pagar ITF en cada una de las transacciones intermedias. En algunos sectores donde los márgenes comerciales son muy pequeños este efecto podría ser importante.

Los argumentos actuales para defender la permanencia del ITF ahora han abandonado lo técnico y han tomado un tono “progre”. Ahora se dice que como el TLC con los EEUU va a significar menores ingresos por menores aranceles (se olvidan a propósito el efecto de mayores importaciones en general y mayor IGV por mayor actividad económica) entonces “no les queda otra” que mantener muy a su pesar el odioso ITF. En el ínterin no hay hasta ahora ningún reporte oficial sobre lo que realmente ha logrado el ITF en términos de aumentar la base tributaria. Pero por lo visto hasta ahora parece que ningún congresista quiere aparecer como defensor de los ciudadanos que pagan impuestos. Parece que ninguno de ellos se acuerda que en la historia la institución del Congreso surgió como un mecanismo para evitar los abusos de los gobiernos que ponían los impuestos que les daba la gana para financiar sus aventuras militares. Hoy, se la gastan en otras cosas pero ningún congresista parece interesado en pedirle al gobierno que rinda cuentas de un instrumento que se creó con fines fiscalizadores y no de recaudación. Lo dije en el momento que crearon el ITF y lo vuelvo a repetir ahora: un ITF que recaude información puede tener una tasa de cero por ciento, sin ahuyentar el ahorro o promover la ineficiencia.
Quiero dejar para la próxima columna una evaluación más completa del proyecto de presupuesto que ha empezado a ser discutido en las comisiones del Congreso pero no quería dejar de señalar que a veces no se entiende que objetivo persiguen las autoridades. Aquí es claro que se necesita poner el acento sobre la verdadera labor fiscalizadora del Congreso. El Congreso (no éste, sino el anterior) votó a favor del ITF, ahora al actual le corresponde pedir cuentas sobre lo logrado y los efectos no deseados del adictivo ITF.

Publicado en El Comercio Septiembre 14, 2006

En busca del tiempo perdido

El otro día hacía números y me di cuenta que este año, salvo que nos pase el huracán Katrina por encima o algo así, la economía peruana llegará a su mayor nivel de PBI por habitante en toda su historia. Lo repito para que me crean: en toda su historia. El record anterior era el PBI per capita de 1975. Esto representa en términos futbolísticos a poder olvidarnos de los goles de Cubillas. A partir de ahora la comparación será si nuestro PBI per capita fue mayor que el del 2006, ya no ese lejano 1975. Asi es, hemos tardado 30 años sólo para llegar al mismo nivel. Esto debe servir de recuerdo sobre el costo de seguir malas políticas.

Y es que a partir de 1975 nos caímos de bruces una y otra vez. Los desequilibrios macroeconómicos que el gobierno del Gral. Velasco generó produjeron una primera crisis en 1975. Luego algunas palabras se instalaron por largo tiempo en nuestro lenguaje cotidiano: crisis económica, paquetazo, devaluación. Los cambios de ministro de economía se hicieron cada vez más frecuentes. Los distintos gobiernos nos repitieron hasta el hartazgo la secuencia de crisis económica, paquetazo, y otra vez crisis con distinta intensidad. Y así vivimos hasta comienzos de los noventa. Nadie puede negar que los noventa marcaron un quiebre fundamental con respecto a la forma como funcionaba nuestra economía. De repente aquellos puristas que quieren tirar al tacho la constitución de 1993 deberían repensar el efecto de un quiebre institucional tan drástico. La Constitución peruana ha durado en promedio sólo 15 años. Parece que algunos de nuestros congresistas están obsesionados con no aumentar ese triste promedio que muestra nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo en las más básicas de todas las reglas básicas.

Si uno mira un poco más lejos, el Perú había sido capaz de crecer desde comienzos del siglo XX de manera sostenida aunque con breves interrupciones de uno o dos años de crisis en medio pero solo para luego seguir creciendo. Ese crecimiento que era lo más normal para una economía en desarrollo desapareció entre 1975 y 1990. Esos quince años perdimos un enorme trecho. No sólo fue el Perú sino América Latina en su conjunto redujo sostenidamente su participación en la economía mundial mientras Asia lo aumentó. Digo esto porque no es correcto lo que algunos señalan que en esa época a todo el mundo le fue mal. Eso no es cierto, la verdad de las cosas es que sólo a Africa le fue peor que a América Latina y ambos perdieron valioso tiempo en lograr acercarnos a las economías más desarrolladas.

Esta semana recibimos la buena noticia que una de las clasificadoras de riesgo nos ponía a un solo peldaño de ser el tercer país en la región en obtener la calificación de grado de inversión. Esto es sin duda el reflejo de haber reducido nuestra deuda como porcentaje del PBI, nuestro enorme colchón de reservas internacionales. Aún falta mucho para conseguir dicho grado de inversión y sobre todo para mantenerlo. Recuerden que hasta hace unos años Uruguay también era grado de inversión y lo perdió en medio de la crisis económica argentina. Lo perdió porque no pudo diversificar sus riesgos macroeconómicos y porque era una economía demasiado dolarizada. Por eso es saludable que el MEF haya puesto en el Marco Macroeconómico que una de sus metas es llegar al 2011 con un grado de dolarización de sólo 40%. En realidad, el mayor reto es lograr crecer sin volver a tener que dilapidar 30 años para darnos cuenta que ese no era el camino del desarrollo.


Publicado en El Comercio, Setiembre 7, 2006

Buen Gobierno

James Madison, el padre de la Constitución norteamericana, decía que un buen gobierno implica dos cosas: (1) ser fiel al objetivo de ser gobierno que es lograr la felicidad de la población, y (2) el conocimiento de cómo conseguir dicho objetivo. En una palabra un gobierno eficaz. Hasta aquí la cuestión parece simple pero los líos empiezan porque en cada decisión hay dos lados en potencial conflicto. En cada decisión hay potenciales ganadores y perdedores. Eso no significa que la solución no pueda ser una en la que todos se sientan ganadores. De manera simétrica, hay algunas soluciones en las que todos son perdedores.

Pongamos dos ejemplos para entendernos mejor. El primero es el depósito de basura que a algún inteligente se le ocurrió autorizar construir al lado de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Iquitos. Esto ha impedido que dicho aeropuerto sea utilizado por las mañanas pues digamos que los gallinazos están almorzando y no les gusta ser interrumpidos por los ruidos molestos de los aviones. A la tarde hacen la siesta y ahí los aviones pueden aterrizar sin correr el riesgo que uno de estas aves se incruste en el motor. El viceministro de Turismo parece que ha llegado a un arreglo para corregir la situación y con ello evitar que la economía de Iquitos pierda más de 6 millones de dólares. Felicito esta iniciativa porque resultaba casi increíble que el gobierno se limitara a restringir más y más los vuelos como solución a un problema que sin duda no pasaba por abrir la temporada de caza de gallinazos o cambiar de nombre al aeropuerto.

Resolviendo este problema ganan las aerolíneas, los operadores turísticos, la propia comunidad de Iquitos que verá intensificado el flujo de turistas y las autoridades que podrán ponerse una condecoración por la gestión realizada. Ni siquiera perderán los gallinazos pues los reubicarán. Ellos se mudarán con chancherías incluidas a un nuevo relleno sanitario.

El segundo ejemplo es el tema minero. Muchos han aplaudido la exitosa gestión del premier en conseguir una platita extra para la lucha contra la exclusión social, nada menos que algo cerca de los 2,500 millones de soles. Muchos dicen que esta es la mejor solución dentro de muchísimas peores propuestas. Si bien puede ser cierto que había muchísimas ideas disparatadas creo que eso no hace a esta solución una buena solución. Aparentemente este aporte ha sido aceptado para evitar que el Congreso promueva modificaciones en la legislación tributaria como un nuevo impuesto a las sobreganancias, o modificaciones a la ley de regalías mineras. Claramente ninguna de esas iniciativas pasará de dicha condición si es que el partido aprista no inclina la balanza. En ese sentido, los mineros pueden haber comprado suficiente respaldo para que ninguna modificación significativa sea aprobada en el Congreso.

Pero quizás el objetivo real del aporte era servir de freno a la anticipable ola de protestas sociales a la cual se quisieran sumar más de un dirigente ansioso de sentirse en olor de multitud. Los recientes eventos en Cajamarca no son una buena señal de que la solución esté bien encaminada. ¿Se sienten ganadores los futuros beneficiaros de estos aportes? ¿Se sienten que el Gobierno está velando por su felicidad como decía Madison? ¿Están los mineros satisfechos con la solución? ¿Si alguien me llama a preguntar si esta solución elimina el riesgo que un nuevo proyecto minero se pueda frustrar por un potencial conflicto social, qué le debo responder?

Creo que hubiese sido muy positivo si de esta negociación tuviéramos al menos mayor claridad con respecto a cual va a ser el futuro de los contratos de estabilidad tributaria, y sobre cual va a ser el conjunto de normas tributarias que un nuevo emprendimiento minero debería esperar cumplir. Hoy no sabemos que pasará el 2009 cuando el primer contrato de estabilidad finalice ni tampoco que impuestos pagarán en dicho momento.

Publicado en El Comercio, Agosto 31, 2006

Las piezas de un TLC interno

A estas alturas el mejor resultado del proceso de negociación del TLC con los EEUU es que está claro para todos que firmar un TLC o cien está bien pero no basta. Es decir, este proceso ha permitido poner en el centro del debate que falta complementar el TLC con otras políticas públicas para que el crecimiento económico sea una buena noticia para la mayoría de peruanos y no para una delgada minoría de la población.

Creo que para todos es claro que no basta con abrir las puertas a mayores mercados potenciales a nuestros empresarios. No basta porque aún internamente hay enormes diferencias entre nuestros empresarios que hacen que el resultado predecible de una estrategia que sólo privilegie la firma de acuerdos comerciales sea un mayor crecimiento de la economía y una peor distribución del ingreso. Quiero ser enfático en señalar que no creo que el impacto probable sea mayor pobreza sino una peor distribución del ingreso. Es decir, va a haber una mayor distancia entre ricos y pobres. Basta mirar a Chile y ahí veremos exactamente ese resultado. Lo mismo está pasando en India, China o México. Dichas economías están creciendo con gran dinamismo pero en el camino no todos se benefician en igual proporción. Igualmente creo que es un error pretender que el resultado debería ser una sustancial mejora en la distribución de ingresos. Pero creo que si deberíamos pretender que el resultado sea al menos una disminución significativa de la pobreza en el Perú.

Pensemos en las razones porqué a un gran número de firmas y familias el TLC les puede pasar por encima, es decir, pasar inadvertido. Para simplificar a estas firmas casi todo les cuesta más, por variadas razones. Por ejemplo, ser una firma pequeña es ineficiente porque los costos administrativos son una mayor proporción de sus ventas. Es más, una firma pequeña enfrenta una cuesta arriba muy empinada si tiene que cumplir cientos de restricciones para operar bajo la ley. Sin embargo, muchas de estas firmas prefieren permanecer pequeñas buscando mantener el negocio familiar preocupados de que asociarse con otros implica un riesgo patrimonial muy alto de deliberar disputas en un Poder Judicial que puede ser arbitrario e impredecible. Entonces prefieren mantenerse cerradas y pequeñas porque pueden perder soga y cabra en el proceso de abrirse al capital de otros y crecer. Asimismo, las firmas más pequeñas tienen que actuar asumiendo que el resto de condiciones están dadas. Ellas no pueden dedicar recursos a mejorar la infraestructura que necesitan para producir, mientras que empresas grandes si pueden negociar el tendido de la línea de electricidad que falta o construir directamente el tramo de la carretera que se necesita.

En general, las piezas del TLC interno son esfuerzos por emparejar el piso en muchos aspectos entre los que destacaría un acceso más barato a la formalidad y un Poder Judicial que no implique una ruleta rusa y que permita asociarse. Es significativo que lo que más destaca en la comparación regional es que los peruanos señalan que no confían entre si. Si nuestras empresas pequeñas no pueden aspirar a asociarse difícilmente podrán crecer y aprovechar la oportunidad que significa el mayor acceso a nuevos mercados.
Publicado en El Comercio Agosto 24, 2006

¿Cupo voluntario o negociado?

En la búsqueda de reengancharse con el pueblo el gobierno entrante ha tenido la infeliz idea de solicitar un aporte voluntario a las empresas mineras. La justificación de esta medida ha sido transparente. Dado que las empresas mineras están teniendo utilidades extraordinarias por los igualmente extraordinarios precios de los minerales, el gobierno considera que dichas empresas deberían ponerse una mano en el pecho y la otra en la billetera y colaborar con un aporte para el desarrollo de dichas zonas. Déjenme explicar porqué digo que esto es una pésima idea.

Para empezar dado que se ha planteado una negociación entre gobierno y empresas la idea de un aporte voluntario está fuera de discusión. Aquí de lo que se está hablando es de un secuestro al paso donde el gobierno en nombre del desarrollo de los pueblos olvidados negocia una suma para dejar libre al rehén. Dejando de lado los formalismos, el problema como en todo secuestro es que nadie te garantiza que porque pagues una vez no vuelvas a pagar otra vez. ¿Qué pasa si a los políticos les parece poco lo que se aporta bajo presión? ¿Vamos a tener una segunda negociación? ¿Van a pedir que intervenga la iglesia o la Defensoría? ¿Qué pasa si lo que aportan no tiene el impacto previsto? ¿Vamos a empezar a atacar los campamentos mineros reclamando efectividad en el gasto? ¿Qué va a pasar el próximo año con menores –pero aún altos- precios internacionales? ¿Vamos a tener una nueva negociación?

Las empresas mineras y sus directivos no son avestruces con la cabeza enterrada en el socavón. Saben perfectamente que tienen que tener un rol en el desarrollo social de las zonas en las que están trabajando. Es más, todas las empresas tienen en menor o mayor medida programas con recursos destinados para esos fines. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a dejar de gastar en estos programas porque ahora están siendo “forzadas” a colaborar voluntariamente? ¿Cuál va a ser la posición de aquellas empresas que han sido más activas en buscar una mejor integración con la población aledaña?

Los demás empresarios exitosos deberían empezar a preocuparse porque si la justificación es que lo que se paga en impuestos a las utilidades es muy poco entonces los exitosos agroexportadores o los productores de pisco de exportación o algún chef famoso todos están en los planes de esta banda de secuestradores al paso. Si el gobierno considera que lo que se paga en impuestos es muy poco, o que sí deberíamos tener un impuesto a las sobreganancias o reformular la ley de regalías debería proponerlo de frente y no con mecanismos que dejan a las empresas como los enemigos de las poblaciones, cuando la realidad es que el Estado es muchas veces el que no cumple su rol y a la población no le queda otra que apoyarse en una organización que si funciona como la empresa minera. Si el gobierno realmente quiere defender el estado de derecho debería buscar hacer los cambios en el marco regulatorio que vea por conveniente respetando lo ya firmado. El rol del Estado es hacer cumplir o cambiar las normas, no así el promover arreglos extralegales.

Publicado en El Comercio, Agosto 17, 2006

Tres metas para el próximo gobierno

Con Toledo bastaron unos pocos días en Palacio para declararlo nuestro enemigo publico numero uno. Es cierto que el ahora ex presidente se las ingenió para ser odiado y repudiado por la mayoría de peruanos. Tengo grabado en mi memoria su frase a los pocos días de empezar su administración: “la verdad que yo pensé que gobernar era mas difícil”. En fin, lo cierto es que esa animadversión nubló lo que debería ser una práctica más cotidiana, desapasionada y meditada de la ciudadanía. Deberíamos poder pedirle metas concretas al gobierno entrante y verificar permanentemente su efectivo cumplimiento. No hablo de las promesas de hacer el puente aquí o la Universidad allá sino de una serie de objetivos a los que cualquier gobierno debería enfocar sus esfuerzos.

Lo fundamental es que quisiéramos que los próximos cinco años no sean años dedicados a temas menores como si el presidente saca los pies del plato, o si algunos de sus hijos se pasa de copas en una fiesta. Queremos que los próximos años los esfuerzos estén dedicados a afianzar la promesa que el Perú puede salir efectivamente del subdesarrollo. Esto suena quimérico pero muchas naciones subdesarrolladas en el mundo se transformaron en apenas 30 años.

La primera meta que debe tener el próximo gobierno es trabajar para acercar los dos Perú que viven a veces de espaldas uno al otro. Las brechas existentes en materia de salud, de educación, en acceso a servicios básicos entre el mundo rural y el urbano son un obstáculo para que el Perú piense seriamente en salir del subdesarrollo. No solo estos otros peruanos no tienen los mismos servicios que nosotros sino que la calidad de los mismos no es igual a la recibida por los que tenemos acceso a leer este diario.

La segunda meta es que no se trata únicamente de un juego de redistribución sino de crecer. No se trata de gastar allá en lugar de acá, o de pagar menos a unos cuantos servidores públicos para que el presupuesto alcance. Baratos son los frijoles y no los competentes profesionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar en lugares como el MEF o el Mincetur. Hace falta hilar fino si no se quiere desarticular la capacidad operativa del Estado. El próximo gobierno debe lograr avanzar en la primera meta permitiendo que la economía crezca sin que se pierda la tan preciada estabilidad macroeconómica. Nadie más que el propio presidente García quisiera cerrar su mandato con una inflación dentro del rango previsto por el BCRP, con un déficit en línea con lo establecido en la Ley de Responsabilidad y Prudencia Fiscal.

Una tercera meta es hacer todo esto manteniendo la democracia, promoviendo que los peruanos seamos capaces de tomar más en serio a la política por lo menos más que nuestros propios políticos. El gobierno entrante tiene –aunque le moleste- la obligación de enseñar con el ejemplo. Por lo pronto el espectáculo del Congreso entrante no es un buen augurio. Saludemos con entusiasmo al nuevo gobierno y estemos dispuestos a ayudar, apoyar con espíritu constructivo no con revanchismo antiperuano. Que no sea verdad eso que me dicen cuando estoy afuera que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Feliz 28 a todos.

Publicado en El Comercio, Agosto 3, 2006

Desarrollo por decreto

En las conversaciones que tenía con analistas extranjeros sobre los riesgos que implicaba el retorno del Presidente García siempre señalaba su excesivo voluntarismo. Es decir, el querer lograr ciertos resultados a través de la acción del Estado. El segundo de los riesgos era su predominio sobre la agenda de políticas. Es decir, que en lugar de que sean los ministros los que fijen el norte, terminaban ellos respondiendo a las iniciativas presidenciales. Nadie niega las buenas intenciones pero muchas veces los instrumentos escogidos terminan siendo soluciones incorrectas o inclusive contraproducentes. Digo esto por dos temas que el gobierno entrante ha escogido como prioritarios en su agenda. El aporte voluntario a las mineras y las exoneraciones tributarias a Puno.

El actual gobierno está sentado en medio del boom de inversión privada más grande de la última década. Sin embargo, pensando en que el crecimiento debe ser compartido para ser sostenible el gobierno actual ha optado por buscar -más pronto que tarde- cómo hacer para que eso efectivamente suceda. En lugar de preocuparse de rápidamente cerrar el tema del aporte extraordinario de los mineros el gobierno ahora parece sumido en un fuego cruzado de justificar que va a hacer con los recursos, cual es la forma de pago y qué tipo de aporte se debería dar cuando a las mineras les vaya mal. ¿O no va a haber simetría? ¿Alguien se ha puesto a pensar en cuántos más ingresos tributarios podríamos estar generando si en lugar de estar metiendo la mano en los bolsillos de los mineros ﷓estilo Robin Hood- nos preocupáramos de que haya un mayor interés de nuevas inversiones?

Por otro lado, pienso en la justificación que se ha dado para darle la exoneración a Puno y quedo confundido. Se ha dicho que Puno necesita esa exoneración para que se instalen industrias que generen puestos de trabajo en Puno. OK. Puede ser que a punta de exoneración logremos producir camionetas 4x4 en Puno pero no creo que esa razón sea suficiente para que tenga sentido económico. ¿Si me va a costar producir más que importarlas tiene sentido que gaste los recursos públicos en eso? Se necesita que el Estado haga intervenciones costo-efectivas. Es decir, buenas, bonitas y baratas.

Puede que exagere con el tema de las 4x4, pero ¿alguien realmente cree que el desarrollo de Puno pasa por reducir el costo de producir lo que sea en 10 o 20 por ciento? Para empezar se necesita un mercado interesado en comprar lo que ahí se produzca. Además, esto abre la puerta a preguntar que tiene Puno que no tenga Apurimac o Ucayali. ¿Por qué a ellos no les toca su exoneración?

No quiero terminar sin decir que así como le reclamamos al Congreso que no apruebe leyes sin presentar un análisis costo beneficio aquí falta que el Ministro de Economía presente a la ciudadanía cuánto nos va a costar la exoneración a Puno y qué resultados espera conseguir. ¿Cómo se entiende que debemos apoyar esta nueva exoneración mientras que el MEF ha iniciado una cruzada –que yo apoyo- para la eliminación de aquellas exoneraciones que no han tenido mayor impacto? Ojalá el presidente del Consejo de Ministros aproveche su presentación en el Congreso para aclarar estas dudas. No creo que este gabinete crea que el desarrollo se logra por decreto.

Publicado en El Comercio, Agosto 10, 2006

El principal enemigo de Alan

La suerte de un gobierno sin duda depende en alguna medida de la suerte en general. Las cifras de aprobación de este gobierno que ya le queda una semana serían radicalmente distintas si la economía mundial estuviera en recesión. Sin embargo, China volvió a crecer por encima de 10 por ciento, y eso que sus autoridades estaban tratando de frenar la economía. Obviamente, la suerte no lo es todo, también hay errores y aciertos de la propia gestión. La última semana -como para despedirse- el Congreso nos dejó la supuesta Ley de Modernización de PetroPerú, gracias a la cual, nuestros legisladores entienden que modernizar la empresa más grande del Perú implica liberarla de cualquier control y supervisión de parte de los verdaderos dueños de la empresa, es decir, nosotros los ciudadanos. Nosotros le confiamos al Ejecutivo a través del Fonafe la vigilancia de las decisiones que tomen los directivos de PetroPerú. Asimismo, el “maldito” SNIP sirve para que a algunas mentes brillantes -temporalmente- a cargo de la empresa no se les ocurra invertir recursos tremendamente escasos en sueños de opio o en delirios de grandeza. PetroPerú no es Petrobras o PEMEX.

Ayer me preguntaban sobre cómo hacer para impedir que cosas así pasen, cómo hacer para poner “candados antipopulismo”. La verdad de las cosas es que para eso están el SNIP, Fonafe, los portales de transparencia informativa, la obligación que exige a todas las iniciativas legislativas a incluir un análisis costo-beneficio, etc. Ese es exactamente su rol. Si el Congreso decide voluntariamente ignorar todos estos mecanismos con el supuesto pretexto de que así tendremos una empresa más moderna, lo único que podemos hacer los ciudadanos es exigir que deroguen la ley que acaban de promulgar. Algunos plantean sacarle la vuelta a la ley aprobada a través de un decreto de urgencia. No podemos estar reparando los daños hechos con la lógica de un taller informal de mecánica. Como el auto no tiene aire acondicionado que tal si le adapto un ventilador de techo, pero eso sí va a tener que manejar agachado... Así no es. Si el contenido de la ley es perjudicial para el país, qué sentido tiene mantener su vigencia.

En ese sentido, cabe preguntarse en qué estaba pensando la bancada aprista cuando votó a favor de esta iniciativa. Sin duda, sin sus votos esta iniciativa jamás hubiera pasado. La bancada aprista ha tenido un rol clave en este gobierno. Cuando la bancada de Perú Posible era la fuente de iniciativas desafortunadas que tuvieron que ser observadas por el Ejecutivo, fue gracias a la bancada aprista que no se insistió en ellas. ¿Quién va a jugar ese papel en el próximo gobierno si el culpable de los torpedos legislativos es la propia bancada aprista? ¿Lo que queda del humalismo? ¿La unida bancada de Unidad Nacional? Ya veremos que es lo que efectivamente pasa, pero sin duda uno de los principales potenciales enemigos del esfuerzo del presidente García por mantener el Perú por una senda de crecimiento y mayor inclusión es su propio partido. Obviamente que no podemos comparar la disciplina partidaria de los de la estrella con el resto de agrupaciones, pero una cosa es cuando se gobierna y otra cuando están en la oposición.
Publicado en El Comercio, Julio 20, 2006

La basura debajo de la alfombra

Imagínese que usted quiere que una entidad financiera le otorgue un crédito. Para que ello suceda dicha entidad le pedirá cierta información para complementar la información que se almacena sobre el conjunto de personas y empresas que ya están registrados. En el Perú hay un registro público que lo maneja la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y un registro privado que es operado independientemente por empresas que se conocen como Centrales Privadas de Información de Riesgo. Lo curioso de nuestro esquema es que no todas las entidades que conforman el sistema financiero tienen toda la información existente en estas centrales de información y no todas tienen acceso al registro público de la SBS.

Esto en economía es un típico ejemplo de asimetría de información. La persona que está sentada frente al mostrador tiene más información que aquel que está sentado detrás del mismo. Es decir, la entidad financiera no sabe que tan buen pagador es este potencial cliente. Lo más razonable sería que estas entidades financieras conocieran la posición global de cada potencial cliente con todo el sistema financiero. De esta manera se reducirían los problemas de asignar créditos a clientes que no deberían recibirlos.

Piensen como actuarían ustedes si no tuviesen toda la información necesaria para clasificar a ese potencial cliente que está sentado frente a ustedes pidiendo un crédito. Lo lógico sería hacerlo pagar por el riesgo que involucra prestarle. Es decir, mientras más riesgoso me parezca, ya sea porque conozco quien es o porque no conozco quien es, la tasa de interés que le voy a exigir que pague será mayor. La única opción para este individuo será alegar con mayor información que él si es un buen pagador y por lo tanto se merece una tasa de interés más baja.

El verdadero rol de las centrales de información de riesgo es permitirle a los clientes del sistema financiero construir su reputación y exigir que se les cobre en función a ella. Si se opta por esconder esta información arbitrariamente, las entidades financieras jugarán por lo seguro exigiendo una tasa de interés más alta, no vaya a ser que uno sea un mal pagador.

Sin embargo, esta semana el pleno del Congreso aprobó que las centrales privadas de información de riesgos sólo incluyan en sus bases de datos la información referida exclusivamente a deudas en el último año, siempre y cuando estas deudas superen los 102 soles. Hasta hace unos años, se incluían los datos de los últimos cinco años pero el Congreso lo redujo a solo dos años. Es decir, el Congreso sigue creyendo en la política de que la mejor estrategia para proveer de mayor crédito y a mejores tasas a la población es permitirle a los malos deudores esconder la basura bajo la alfombra. ¿Habrá hecho el Congreso una evaluación de su anterior medida para actuar de esta manera? ¿O es que nuestros legisladores siguen creyendo que la información no tiene valor y es la única opción para que las entidades financieras actúen con mayor equidad?
Publicado en El Comercio, Julio 13, 2006

¿Se dejan bombas de tiempo?

Esta discusión sobre si el gobierno de Toledo deja o no bombas de tiempo es realmente inútil. La última vez que miré el Perú seguía siendo un país subdesarrollado y por lo tanto lo que tenemos es una larguísima lista de temas no resueltos en temas tan diversos como educación, impuestos, o medio ambiente. Como muchas de las peleas, esta discusión áspera entre el gobierno entrante y el saliente se origina porque se dicen muchas cosas literalmente falsas, se dicen medias verdades y sobre todo porque no se define cual es realmente el punto en discusión.

Según mi modesto entender una bomba de tiempo es un tema coyuntural (no estructural) el cual no ha querido ser resuelto por propia decisión o indecisión del Ejecutivo. Además, tiene que cumplir con el requisito que la falta de solución de dicho tema provocará que la siguiente administración se vea forzada a darle una solución abrupta, y por lo tanto, no necesariamente la mejor. Es un tema que no podrá ser ignorado pues inevitablemente, como cualquier bomba que se respete, explotará.

Dada esta definición hay una larga lista de temas no resueltos que son simplemente eso: temas no resueltos por cada uno de los gobiernos que pasaron y dejaron pasar el tema. Algunos pueden sonar a escándalo pero no es que vayan a explotar. Es cierto que uno debería indignarse que chicos que van a escuelas públicas no puedan entender lo que leen pero ¿eso lo vuelve una bomba de tiempo? En todo caso es una bomba que hace tiempo explota todos los días en la capacidad de generación de ingresos de esas familias. Como lo ha mostrado el jefe del INEI hace unos días hay varios lugares en nuestro territorio que hace años son los más pobres y siguen siéndolo a pesar de todo el crecimiento acumulado.

Recordemos que muchas de las políticas pasan por una combinación de voluntades entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo puede proponer una reforma muy interesante, bien pensada, discutida, con todos los números impecables pero esta puede naufragar si el Congreso no pone de su parte, y viceversa.

En la medida que maduremos políticamente nuestras discusiones serán cada vez con menos fuegos artificiales, con más números y menos adjetivos. Lo cierto es que el gobierno aprista tiene una brillante oportunidad para seguir reduciendo la pobreza en el país, para seguir ampliando las oportunidades para que más peruanos salgan del subdesarrollo y la marginación. La tarea no depende sólo del APRA sino de todos, oposición incluida. Seamos conscientes que si al gobierno entrante le va bien aun tendremos una larga lista de temas no resueltos que ojalá podamos haberlos movido a la categoría de problemas en camino de ser resueltos. El reto es no evitar los temas políticamente complejos, sino buscar de consolidar procesos de reforma bien diseñadas, discutidas y consensuadas. Para eso han sido elegidos, y no sólo para seguir pasando la posta al que viene. ¡Todos a trabajar!

Publicado en El Comercio Julio 6, 2006

Abriendo puertas sin patadas

Para aquellos insomnes como yo no hubo mejor cosa que ver anoche el largo debate en el pleno del Congreso previo a la aprobación del TLC con EEUU. La contundente votación a favor es una señal inequívoca de que la decisión política del Congreso respalda el esfuerzo de un gran grupo de funcionarios públicos que a lo largo de más de dos años impulsaron la búsqueda de un acuerdo comercial con EEUU. Esto marca un hito en nuestra política comercial. Si uno mira qué es lo que hicieron los pasados gobernantes en materia comercial encontrará una historia llena de marchas y contramarchas. Años de promoción de la apertura venían seguidos por años de cierre de nuestras fronteras, para luego ser reemplazados por una repetición de este ir y venir. En el camino, las empresas no encontraban más que problemas pues ante la ausencia de un rumbo fijo en nuestras decisiones comerciales era extremadamente complejo pensar en proyectos de largo aliento.

Los que estamos a favor de lo aprobado anoche y aplaudimos la decisión del Congreso hemos dicho más de una vez que esto no hace más que abrir puertas a un sinnúmero de oportunidades que deberán ser buscadas por el sector privado. Aquí no hay negocio seguro. No es que los gringos van a empezar a servir pisco de la noche a la mañana en sus fiestas. Nada más falso. Lo único que se ha logrado es tener un acceso preferencial. Y en eso no estamos solos. Ese acceso ya lo tienen México y Canadá con el NAFTA, lo tiene Centroamérica con el CAFTA y en esta semana nos hemos enterado que antes que nosotros el Congreso americano tiene que discutir el caso de Omán y después de nosotros viene Vietnam. En ese sentido es urgente que el próximo gobierno continúe lo logrado hasta ayer. Uno de los grandes beneficios de la negociación pero en especial de la discusión del TLC con los EEUU es que hoy somos mucho más conscientes de cuales son nuestras debilidades más allá de la firma o no este TLC o de futuros TLC. En ese sentido, este debate de meses ha servido para que todas las fuerzas políticas empiecen a cambiar sus discursos y los alineen en función de lo que efectivamente sirve para superar la pobreza en el país.

No puedo dejar de criticar las patadas y las formas de los congresistas electos de UPP que irrumpieron en el Congreso frustrados porque no pudieron hacer su marcha anti-TLC previo al debate legislativo. Para ellos no importa que más del 70 por ciento de la población esté a favor, no importa que existen formas democráticas que deben ser respetadas. En realidad parecen no entender que sencillamente perdieron la elección y por lo tanto ellos no gobiernan. En lugar de buscar tener una posición más constructiva optaron por hacer su marcha en el hemiciclo con patadas incluidas. Lamentable espectáculo.

Termino diciendo que los logros más importantes del gobierno del Presidente Toledo si bien son fruto de iniciativas del Ejecutivo no hubieran sido posibles sin el apoyo de un Congreso que ayer se comportó a la altura de las circunstancias. Este es sin duda un gran primer paso, falta muchísimo más para hacer y ojalá que los sucesos de ayer no impidan que el siguiente Congreso permita realizar grandes cambios a favor de la mayoría de los peruanos.

Publicado en El Comercio Junio 29, 2006

Paraguas para cuando no llueva

Tanto a nivel personal como del país no hay nada más difícil que actuar con previsión. ¿Cuántos nos hacemos un chequeo general sin que tengamos que hacerlo obligados por las circunstancias? Seguro que sólo una muy pequeña y neurótica minoría de nosotros. La semana pasada les comentaba sobre la necesidad de que nuestra política fiscal deje de ser un fuente de amplificación del ciclo económico. Es decir, que haga las expansiones más elevadas y las recesiones más profundas. Este diagnóstico no es nuevo, y las actuales autoridades conocen el problema pero es poco lo que se ha hecho.

Es innegable que el temor que recorre los mercados internacionales es una súbita desaceleración del crecimiento global ya sea en EEUU o por una combinación que incluye a China y el resto de Asia. Ese menor crecimiento traerá como consecuencia una menor demanda por nuestros commodities (minerales) y por lo tanto una reducción en los precios record que se han registrado este año. Parte de esta historia ya se está observando. Hace meses el oro, el cobre, el zinc y otros commodities registraron sus niveles record. Hoy todos están de bajada y se anticipan mayores reducciones. Para nadie es un secreto que las arcas fiscales sentirán el impacto de esta reducción en los precios de los minerales que exportamos de la misma forma como han gozado de los años de buenos precios. La participación de la recaudación minera pasó de ser sólo 5 por ciento del total de la recaudación a casi el 20 por ciento. Estos números no son poca cosa. Enfrentar una caída de más de 10 por ciento de los ingresos fiscales no es fácil administrar, menos aún cuando a nuestros países se nos suele cerrar las puertas del endeudamiento externo en los momentos en que más los necesitamos.

¿Qué clase de paraguas se puede comprar cuando dejan de llover buenos precios para nuestras exportaciones? Una opción es la versión frugal de la política fiscal. Es decir, ahorrar los dineros extras en lugar de gastarlos conscientes que luego vendrán momentos de necesidad. Para ello se puede actuar obligando a las autoridades a actuar de esa manera por ley. Es decir, incluir en la ley de prudencia fiscal -en lugar de la ignorada regla de que el gasto puede aumentar no más de 3 por ciento- que lo que se puede gastar sólo son aquellos ingresos que no son fruto de un ingreso temporal como por ejemplo unos buenos precios de nuestros metales. El problema de esta opción es que hace falta que el Estado quiera cumplir dicha ley. ¿Usted conoce a un político frugal?

Otra opción es utilizar el mercado de deuda. Para ello se podría emitir títulos de deuda cuya tasa de interés esté vinculada al valor de nuestras exportaciones, aunque también podría ser a nuestra tasa de crecimiento. De esa manera si al Perú le va mal automáticamente el fisco tiene un respiro por el lado del financiamiento pues el costo de atender los pagos de nuestra deuda se reducen. Ante una reducción temporal de los ingresos fiscales lo que generamos es una reducción automática en los gastos financieros. De la misma manera, si nuestra economía estuviese disfrutando años buenos, y por lo tanto ingresos fiscales temporalmente altos podríamos pagar mayores gastos financieros sin tener que reducir los gastos fiscales en otros rubros. Lo bueno es que en esta opción, no se necesita que la autoridad quiera ahorrar, pues el mecanismo es automático.

Publicado en El Comercio, Junio 22, 2006

Administrar el auge

Perú y Chile al igual que varios países emergentes ricos en recursos minerales han gozado estos últimos años de una extraordinaria situación. Los precios de los minerales se han multiplicado permitiéndole a cada uno de los dos Estados -aunque de manera distinta- gozar de una cómoda situación fiscal. La semana pasada el ministro de Hacienda chileno se esforzaba en hacerles entender el sentido de la palabra auge a sus compatriotas. Y lo que dijo vale para nosotros también. En la propia definición de la palabra auge está el hecho de ser un evento extraordinario, temporal, pasajero. Pues un auge es un momento de mayor elevación según la Real Academia. Y como decía el refrán, todo lo que sube tiene que bajar.

El problema es que administramos los auges como si fueran eventos permanentes. Nos creemos que hemos sido bendecidos eternamente y por un lado los gobiernos quieren tirar la casa por la ventana, mientras que por el otro lado, un montón de gente quiere que le den la ventana y toda la casa si es posible. La lista de los que sienten que deben ser atendidos se hace interminable. Y tal como lo ha gozado en carne propia esta semana la presidenta chilena, es políticamente muy dificil ser fiscalmente responsable. Eso de guardar pan para Mayo o el cuento bíblico de tiempos de vacas flacas y gordas no lo quiere oír nadie que está pidiendo ser uno de los beneficiarios del auge.

Como consecuencia de ello la política fiscal se vuelve en un instrumento que en lugar de hacer que la economía transite suavemente, termina siendo más bien la razón de porqué nuestra economía se vuelve una suerte de montaña rusa. Creamos y cobramos más impuestos sin preocuparnos de reducir los gastos y nadie se incomoda cuando el MEF incumple otra vez más la regla de no aumentar el gasto no financiero en más de 3 por ciento al año. Para algunos esto se resuelve con castigos. Para mi esto no es así. Los castigos los tendrán que aplicar los congresistas quienes son los primeros interesados en utilizar políticamente ese poder sancionador. Si el Congreso fuese controlado por el Ejecutivo entonces siempre habrá una buena excusa o dos para decir como suele hacerlo la selección de fútbol “hicimos todo lo que se pudo, inclusive jugamos bonito, pero perdimos”. Si el Congreso es como el de ahora o como el que viene donde no hay una mayoría oficialista entonces la oposición estará de acuerdo en darle la excusa al Ministro gastador siempre y cuando incluya algunas de sus sugerencias sobre a quienes destinar el gasto extra.

Lo que se requiere es que la política fiscal sea contracíclica aunque no lo quiera ni el MEF ni el Congreso. Es decir, que el Estado actúe como lo haríamos nosotros si nos encontramos una plata extra que sabemos que no estará siempre. La receta para muchos es poner esto en forma de ley. Eso no basta. Las leyes necesitan tener los incentivos correctos para que la gente las cumpla. De otro modo, serán ignoradas, excusadas o terminarán siendo modificadas. Creo que sería bueno pensar en que parte de nuestro problema es que como país enfrentamos tormentas fiscales pero nunca nos compramos paraguas. La próxima semana les trataré de vender un paraguas fiscal para este tipo de tormentas. Sólo les recuerdo que el precio de los paraguas es mayor cuando ya está lloviendo.
Publicado en El Comercio, Junio 15, 2006

El sur tambien existe

El domingo pasado, mientras terminábamos de hacer el conteo de votos en mi mesa y enterados de los resultados, recordaba los gritos de mediados de los ochenta “y va a caer, y va a caer...”. Al enterarme del desagregado de votos, la canción de Serrat pasó a ocupar mis pensamientos.

A diferencia de su primer gobierno, el Presidente García enfrenta una holgada situación macroeconómica, pero una complicada situación política. Esta vez, no tendrá una mayoría en el Congreso que quiera respaldar sus acciones. Tendrá, en vez de Sendero y sus cobardes bombas, el constante reclamo callejero del cual Humala quiere hacerse dueño buscando conservar los votos hasta las elecciones regionales de noviembre. Tendrá una oposición que al menos en un inicio tendrá que luchar entre no ser vista como rabiosa ni tampoco como excesivamente generosa si es que no quiere desaparecer en noviembre.

Lo más significativo de la elección del domingo es la clara división de los votantes en el mapa peruano. Aunque a primera vista uno podría pensar que los votos de Humala están estrechamente relacionados a aquellas zonas más pobres, estadísticamente la correlación no resulta tan alta. Esta incapacidad de García y el APRA de ganar en donde tenía a su cargo el gobierno regional muestra su pobre capacidad de gestión. Y esto es lo más llamativo pues la estrategia electoral de Humala resulta clara a partir de ahora. Su peso político y su vigencia en el debate se mantendrán en tanto tengan en jaque a García.

La pregunta del millón que los miembros del equipo económico del APRA y sus invitados se hacen es cómo generar pronto una sensación de que algo se está haciendo en esas zonas más pobres del sur andino. ¿Cómo hacer para que dichas poblaciones sientan que las cosas empiezan a cambiar y el gobierno en su conjunto está procurando reducir de manera permanente los niveles de pobreza y marginación? ¿Deberíamos repensar por completo las políticas sociales? Si uno da una mirada a los últimos 15 años encontrará que éstas han sido básicamente ineficaces para reducir sostenidamente la pobreza. No será acaso que los países sólo reducen sus niveles de pobreza cuando adoptan políticas que impulsan un crecimiento sostenido. Muchos críticos de este gobierno señalan que crecimos 20 por ciento pero la pobreza no se redujo en nada. En realidad la pobreza migró huyendo de la pobreza del campo a la ciudad. Es decir, hoy Lima tiene un sector más amplio de personas en extrema pobreza, mientras que en las zonas rurales más familias pobres han podido reducir sus niveles de pobreza extrema. Eso ha sido posible porque el mercado de trabajo es plenamente flexible en dichas zonas.

El presidente no debe confundirse y buscar asignar más y más recursos a dichas zonas. Muchos de estos recursos irán a circuitos con tantos hoyos en el camino que será poco el impacto final de su entusiasmo. El lema debería ser “inaugurar menos y confiar más en la potencia del mercado”. La tentación por generar resultados y por hacer sentir que el sur también existe será enorme. El presidente necesita transmitir que estos cambios sólo se darán en tanto buenas políticas se apliquen de modo persistente.


Publicado en El Comercio, Junio 8, 2006